Yo no voy a emplear el término utilizado por el ex mandatario panista, Vicente Fox Quesada, para describir la consulta de juicio político contra ex presidentes. Pero sí voy a substanciar el uso —a mi parecer correcto— que le dio al concepto, pues la idea de la consulta popular —tal como está planteada— es absolutamente absurda.
Todos queremos que los ejecutivos federales de nuestro país —los que aún viven, esto es— hagan frente a posibles marrullerías, ilegalidades, errores y complicidades, una vez comprobados todas estas, claro está. Todos estamos a favor de que las pillerías y corruptelas de gobernantes pasados y presentes sean juzgadas conforme a normatividad y regresen al patrimonio nacional lo que se han robado. Pero para eso no se requiere una consulta, sino solo la voluntad política para cumplir y hacer cumplir la ley por parte de quienes fueron electos y hoy constituyen gobierno.
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Y una consulta cotorra —ni siquiera popular— donde la pregunta no se refiere a los anteriores mandatarios o su posible enjuiciamiento, definitivamente no es la manera de aplicar el estado de Derecho.
Aparte de lo anterior, esto es más allá de si la pregunta es directa, indirecta o no tiene nada que ver con llevar a juicio a diversos personajes de nuestra vida política, el dinero destinado a la realización de la consulta podría —y debería— utilizarse en otras cosas. Más de 500 millones de pesos que serán desperdiciados cuando es evidente que urgen para el sector salud, por ejemplo.
El INE ha señalado la falta de recursos para organizar la consulta y para darle la difusión adecuada, sin que el gobierno federal —que la propuso y solicitó— aporte un solo centavo adicional al presupuesto del órgano para su realización. Ello lleva a pensar que la consulta ha sido usada —y lo seguirá siendo— por la 4T para torpedear al propio Instituto. Y así, tenemos a Mario Delgado, presidente de Morena, criticando al Instituto Nacional Electoral por no haber iniciado aún la promoción de la consulta (si bien ya comenzaron con todos los trabajos de organización). El legislador acusó directamente a los consejeros electorales del retraso en la promoción, cuando en realidad fue que el Congreso de la Unión (en el que Regeneración Nacional detenta mayoría) el que decidió que esta empezara hasta el 15 de julio.
Desafortunadamente, detrás de la realización de la consulta popular están las motivaciones que la 4T tiene en la misma, las cuales pasan desde cuestionar la independencia del INE y de sus directivos, hasta mantener —de palabra, jamás en los hechos— su continua campaña contra la corrupción; esa que le ha dado tantísimos dividendos electorales al presidente AMLO y a su partido político.
La consulta servirá, también, para que parezca que la 4T intenta cumplir con su palabra y que sus afirmaciones falsas que exprese tengan aparente sustento. Desde Presidencia se dirá que la “clase media” no votó en favor de la legalidad y la justicia. Que se apoya dejar impunes a Fox Quezada, a Salinas de Gortari, a Zedillo Ponce de León, a Calderón Hinojosa y a Peña Nieto (no se olvide, se requiere al menos un 40% de participación calculado a partir del padrón electoral para que la consulta sea vinculante).
Pero lo cierto es que muchos ciudadanos o no caerán en ser parte de este disparate; o les dará flojera ir a votar; o ambas cosas.
Y mismo suponiendo que tantísimos ciudadanos acudan a depositar su voto — y obviamente este sea un “sí” (¿acaso alguien puede votar por un “no” cuando la pregunta es la siguiente?: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”)— ¿cómo actuará la Fiscalía General de la República a partir del resultado general de una consulta que involucra a tantos “actores políticos”?
La Cuarta Transformación se ufana de su austeridad. Nada más austero que no llevar a cabo la consulta; la justicia, después de todo, no se debe someter a plebiscito. Mas ello no generaría publicidad para el régimen, y este requiere cualquier idea para continuar llamando la atención.
Por todo lo anterior, sí se puede decir que la consulta es una idea loca, disparatada; un acto vil y abusivo de parte del lopezobradorismo.
Nota aclaratoria: en mi columna anterior escribí mal el nombre de la —hasta ese momento— directora del Metro; debí haber puesto: Florencia Serranía Soto.
POR VERÓNICA MALO
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
PAL