La violencia del narcotráfico y el crimen organizado en México está fuera de control. A exactamente dos semanas de la elección más grande y competida en la historia reciente del país, el gobierno federal ha sido completamente rebasado y derrotado por los operadores en tierra del crimen organizado que asesinan y secuestran candidatos a gusto y sin freno.
Al mismo tiempo, el gobierno federal, desde la Presidencia de la República, promueve la polarización y violencia social con un discurso de odio continuo. Dos rutas violentas se entrecruzan en el tiempo electoral: la violencia del crimen organizado y la violencia verbal presidencial, acompañada de acciones cruentas contra opositores.
¿Cuántos candidatos han sido asesinados por el crimen organizado, en lo que va del proceso? ¿Cuántos han sido obligados a renunciar después de recibir amenazas directas contra sus personas y/o contra sus familias? ¿Cuántos candidatos y candidatas son representantes directos o indirectos de los intereses de los distintos cárteles, tanto a nivel federal, estatal y municipal? ¿Cuántos candidatos a gobernadores están siendo apoyados por los cárteles, en su pugna por la hegemonía en el país y acceso libre a los presupuestos públicos?
Estas preguntas no surgen en vano. La ola de violencia en el proceso electoral, los asesinatos o secuestros de candidatos, las denuncias de amenazas, las renuncias a candidaturas para evadir las presiones que los criminales ejercen sobre algunos de ellos, no son una casualidad coyuntural. Son la realidad más lacerante de un proceso electoral marcado por la polarización social, el encono diario de las contiendas y la presencia descontrolada de intereses de grupos criminales por fortalecer su presencia en distintas zonas del país para controlar zonas, rutas y poblaciones enteras.
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Existe, junto con ello, migraciones internas de poblados enteros cuyos habitantes huyen de los grupos criminales que dominan zonas enteras con terror y violencia. Tijuana tiene un programa para recibir a los migrantes mexicanos que huyen de la violencia y buscan, de ser posible, cruzar la frontera a Estados Unidos. Se mezclan con centroamericanos, cubanos y haitianos, pero son mexicanos desplazados dentro de su propio país por la violencia que nadie controla. Muchos de los desplazados son de Michoacán
En Jalisco sucede que poblaciones también huyen aterrorizadas por las incursiones de los cárteles, especialmente del CJNG, ante el avance de su control territorial y la violencia con que ejerce su presencia en las zonas controladas. Los gobiernos federal y estatal están inermes ante las expresiones de tanta violencia, los secuestros de estudiantes incluidos.
Guerrero es territorio liberado, pero por el narcotráfico. Controla vastas zonas de la entidad y asegura que el Estado mexicano simplemente no tiene posibilidades de interferir con sus negocios. El próximo gobernador gobernará bajo la sombra de las balas atravesando por su puerta.
Toda la zona del Pacífico mexicano es territorio controlado por cárteles que muchas veces se asemejan a movimientos sociales, por la amplitud de las poblaciones y personas que dominan y subordinan a sus intereses. En esta zona las poblaciones se dedican al sembrado de las plantas requeridas para la heroína (amapola) y la mariguana. La droga es su negocio, por elección o imposición, no importa. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua y Baja California.
En cambio, el trasiego de droga sobre el Golfo de México es más bien una operación de organizaciones criminales violentas que no tratan a las poblaciones como productoras aliadas, sino como mano de obra esclava que se somete o muere. En ese caso, a diferencia del Pacífico, la población sirve para el trasiego de droga traída de Sudamérica, no es zona productora. Las poblaciones se encuentran casualmente en el camino de la droga de sur a norte. Esa es su desgracia. Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León.
Este entorno de descomposición y descontrol de la violencia criminal encuentra un aliado en el Presidente de la República. Su política de polarización social, enfrentamiento político y resentimiento social, que se expresa en sus diarias palabras agresivas y las acciones arteras contra sus “opositores” así designados por él, complementan sin duda la agresividad y violencia de los cárteles criminales en el país. No es una casualidad que México hoy tiene en el poder político a un Presidente que practica la violencia verbal mientras los cárteles practican la violencia física y real.
La violencia verbal del gobernante abre la puerta a la violencia social y física del criminal. Son dialécticamente complementarios. La violencia es un continuo, entre la intención, la palabra y los hechos. No son fenómenos disociados, sino que se tocan y se encuentran en el tiempo y el espacio. Hoy ese espacio es el tiempo electoral.
Igualmente, ambas violencias son conductas reiteradas. Es decir, en tanto hábitos adquiridos, no solo continúan en el tiempo sino que, si no se les detiene a tiempo, siguen adelante implacablemente hasta la destrucción de sus objetos de odio o del deseo.
De ser posible, el Presidente va a continuar con su política de polarización hasta la eliminación total de sus detractores. Al mismo tiempo, el crimen organizado avanzará en la búsqueda de más territorios bajo su control, queriendo pasar del 30% del país en la actualidad hasta que domine el 100%. Ambos coinciden en un criterio: su objetivo es el dominio total. Por eso son profundamente complementarios: se entienden a la perfección.
La violencia electoral actual es, por tanto, una consecuencia directa de la conducta combinada y complementaria del Gobierno y el crimen organizado. Ambos buscan, con sus acciones destructoras, subyugar lo que consideran que es el enemigo y, así, establecer un nuevo acomodo y correlación de fuerzas en el país favorable a sus objetivos, en el corto y largo plazo.
Obviamente llegará un momento en que ambas fuerzas disputarán territorios comunes. Pero hasta que llegue ese día habrá acomodo entre ellos. Venezuela es prueba viva de que ese acomodo puede existir durante mucho tiempo y ser bastante funcional a los intereses de la política y la droga. Con los militares de árbitros, además. Claro, funcional hasta la autodestrucción de todos.
La violencia en las elecciones es signo inequívoco de la descomposición social y política del país, de sus instituciones y de su viabilidad histórica. Es señal de que hoy el país está obligado a definirse sobre la ruta futura a seguir.
Es solo con la fuerza de los votos democráticos que se podrá recuperar el modelo de sociedad con institucionalidad republicana dentro del Estado de derecho que retorne al camino de la reconciliación social interna, derrotando la pretensión hegemónica del crimen organizado y de la política del odio. Hay que derrotar dos males: al monarca en ciernes y el hegemonismo violento de la droga.
Y ese camino de regreso a la normalidad democrática empieza con las elecciones del 6 de junio.
POR RICARDO PASCOE PIERCE
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