La reforma energética de 2013 que quitó el monopolio a Pemex en la importación y venta de gasolina incomoda al presidente López Obrador. La aritmética económica y la diversidad de jugadores en el mercado va en contra de la aritmética de concentración del poder y de la ideología estatista del presidente.
El viernes pasado, el presidente presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que le permite frenar y, en su caso, revertir la diversificación de oferentes de petrolíferos distintos a Pemex.
Con esto se da pie a una nueva fase el neoestatismo mexicano. Nuevo no por su innovación en ideas, sino por la reincorporación de ideas viejas al presente. Es una segunda fase porque en el primera ya canceló las rondas petroleras y las subastas eléctricas para frenar la inversión privada en el sector energético.
En 2013 Pemex tenía 10,054 mil gasolineras bajo su franquicia, para 2016 llegó a 11,876 y a partir de ahí se redujo su presencia hasta las poco más de 7 mil que actualmente tiene.
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La llegada de nuevos importadores de gasolina y la oportunidad de participar en el mercado con marcas diferentes, ya sea nacionales o extranjeras, ocasionó una desbandada de franquiciatarios hacia mejores condiciones de operación.
Para el consumidor esto significó la posibilidad de elegir por primera vez en décadas en qué gasolinera cargar y no estar sujeto a una sola oferta determinada en las oficinas de Pemex en la Ciudad de México.
La iniciativa del presidente busca reducir los permisos para el desarrollo de infraestructura de almacenamiento y en toda la cadena de valor del petróleo, incluida la de importación de combustibles. La iniciativa considera la negativa ficta de las solicitudes de los permisos; para que el gobierno pueda negar permisos que estén apegados a la ley con el solo hecho de dejar pasar 90 días ignorándolos.
La iniciativa también establece que el gobierno a través de la autoridad que haya otorgado los permisos podrá llevar a cabo una ocupación temporal o intervención del permisionario, a fin de garantizar los intereses de la nación.
Esto es parecido a lo que ya se establecía en la ley, pero el gobierno de López Obrador considera dos cosas diferentes; primera, que el manejo y control solo podrá llevarse a cabo por empresas productivas del estado y segunda, que el plazo de intervención pasa de tener un limite de 36 meses a no tener un límite.
En el mismo sentido expropiatorio, la iniciativa considera la revocación inmediata de los permisos que no cumplan con los requisitos de la ley reformada, sin dar un plazo de adaptación.
La reducción de la competencia para Pemex y la incapacidad de sus dirigentes para hacerla más eficiente, dejan al consumidor en el desamparo.
El futuro que está construyendo Morena y López Obrador será de combustibles caros, desabastos recurrentes y crisis económicas.
La iniciativa se centra en fortalecer a las empresas estatales como Pemex y CFE en deterioro de los bolsillos de los mexicanos, ya sea a través de gasolinas con cada vez más impuestos o con empleos que se dejan de generar.
Por ejemplo, la inversión extranjera en el sector eléctrico pasó de casi 5,000 millones de dólares en 2018 a solo 413 en 2020, se perdió más del 90 por ciento de la inversión, así como los empleos asociados a la misma. En el mismo sentido, la inversión en ductos que había superado los 2,000 millones de dólares, para 2020 fue cero.
POR FAUSTO BARAJAS
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA
@FAUSTOBARAJAS
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