La separación de poderes o división de poderes es un principio básico en toda democracia, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado se ejercen por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí.
Montesquieu sostenía que todo hombre que detenta el poder se inclina a abusar del mismo, hasta que encuentra límites. Para esto hace falta que el poder detenga al poder. Para ello se requiere la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, y así cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros poderes para que ninguno de ellos predomine sobre los demás.
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Por eso la carta y los ataques que envió el Presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que inicie una investigación contra el Juzgador Pablo Gómez Fierro, no es ni democrática ni políticamente correcta.
La manzana de la discordia ahora es la suspensión a la Ley de la Industria Eléctrica, donde el Presidente López Obrador acusó a un juez en funciones y a un ministro en retiro de tener un “buró jurídico” para oponerse a la transformación del país.
La respuesta del Presidente de la Corte es tibia por decir lo menos, ya que aceptó revisar la actuación judicial y turnar la “queja” al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos, se abra la investigación correspondiente.
No está mal que el primer mandatario exprese su opinión y diga lo que no le parece, pero hay que tener cuidado en que esto no se traduzca en una presión para los impartidores de justicia. Las partes en un juicio tienen derecho a exponer su versión de los hechos de un modo serio y sereno, así el Estado de Derecho se ve fortalecido.
Debemos evitar que existan grupos de poder que lo único que quieren es influir o presionar en la toma de decisiones, y más a un poder autónomo que debe conducirse con total imparcialidad.
El poder judicial debe ser libre para resolver sobre cualquier litigio que se le plantee, no se le debe asediar y, mucho menos, someter, ya que ello contribuye más a la incertidumbre y por lo tanto se desalienta la inversión.
No se debe olvidar que la transición democrática en México supone como requisito indispensable la existencia de un Poder Judicial independiente, sometido únicamente al imperio de la ley. Como bien señala Loewenstein, “la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones que les hayan sido asignadas y su libertad frente a otro tipo de poder, constituye la piedra final en el edificio de Estado democrático constitucional de derecho”.
Que todavía existe corrupción en el Poder Judicial, seguramente, que existen juzgadores que no merecen serlo, posiblemente. Pero para eso existen las instancias correspondientes donde hay que denunciarlos y, sobre todo, probarlo.
La independencia de un juez, es un elemento indispensable para asegurar la correcta separación de poderes. Si el juez es independiente, es porque se le quiere totalmente dependiente de la ley.
Para investigar el actuar de cualquier juzgador existe el Consejo de la Judicatura Federal, además de que existen los recursos legales para impugnar las decisiones de estos. Así que todo tipo de amenazas o descalificaciones sean verbales o por escrito, salen sobrando.
POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO
COLABORADOR
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