Para entender el hilo conductor que guía el rumbo nacional se requiere analizar la historia y las aspiraciones del pueblo de México.
En el Siglo XX la Revolución Mexicana produce un nuevo modelo constitucional, que tiene como objetivos: la distribución de la riqueza; la protección a las clases sociales, sobre cuyos hombros se condujo el proceso de esta etapa con los obreros y los campesinos, eso explica la inserción de las garantías sociales en la Constitución mexicana, como una aportación al derecho universal.
Asimismo, la Constitución fijaba un rumbo nacionalista y anti-feudal; la repartición de la tierra; el concepto de la propiedad privada sujeta al interés público; el desarrollo económico sustentado en la acción de un Estado Social, dentro de un capitalismo de Estado. Estos objetivos, con luces y sombras, fueron válidos en la teoría económica nacional y en las políticas públicas, que ejercieron los gobiernos desde Cárdenas hasta Echeverría; este modelo fue exitoso porque coincidió con la política económica de la posguerra, impulsada en el mundo por el keynesianismo.
Si bien es cierto, hubo muchos errores y fracasos, también lo es que el país creció en un promedio de 6.5% anual, que fue calificado –dentro y fuera de nuestras fronteras— como “el milagro mexicano”. Podemos aseverar, sin duda, que el país tuvo un rumbo jurídico, económico y político, que promovió el desarrollo con sentido social y aceleró el avance de nuestra sociedad.
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Con la caída de la Unión Soviética, la teoría económica mundial dio un viraje de 180 grados y se impuso lo que conocemos como “modelo neoliberal” que tuvo resultados excelentes cuantitativos y cualitativos, pues, el capitalismo industrial se convirtió en el capitalismo financiero y, finalmente, en capitalismo tecnológico, con enormes avances científicos que han propiciado una nueva sociedad, donde juegan un papel fundamental la cibernética, la robótica y la inteligencia artificial.
Sin embargo, este modelo neoliberal ha entrado en crisis y podemos afirmar que estamos ante la fase final del sistema capitalista, porque el individualismo acérrimo y la meta única de obtener dinero, convirtió a la humanidad bajo parámetros distintos, donde la acumulación de la riqueza era el único fin. Se desmantelaron los Estados Nacionales; se abrieron las fronteras; la competencia y el libre comercio fueron los elementos sustanciales; y, el Estado Social fue relegado. Como consecuencia de esto, la acumulación de la riqueza –en unas cuantas manos— ha llegado a niveles insostenibles para la dignidad humana.
Si hubo avances, pero finalmente la desigualdad mantiene a más del 40% de la población del planeta en estado de pobreza y, en un gran porcentaje, en pobreza alimentaria.
Recuperar un Estado Nacional que permita el desarrollo, con justicia social, se convierte en un imperativo categórico de nuestro tiempo, y esto sólo puede realizarse bajo el mando de gobiernos sólidos y, en nuestro caso, que pueda disponer de los recursos naturales fundamentales, especialmente de la energía eléctrica y de la petrolera.
Este modelo que hoy propone el Ejecutivo no excluye, de ninguna manera, a la empresa privada, pero sí la limita y recupera la soberanía del pueblo en la dirección del Estado Social.
Hoy vivimos una gran incertidumbre y una falta de rumbo. Los mexicanos tenemos que decidir entre continuar el modelo neoliberal, o reconstruir la fórmula que conduce al Estado Social de Derecho; si optamos por ésta última, es condición sine qua non la propiedad y disposición –no sólo la rectoría— del petróleo y de la electricidad.
He sido y soy crítico de este gobierno, pero este tema de la reforma eléctrica debe analizarse con cuidado. Mi posición en el Congreso de la Unión, en la academia y en la opinión pública ha sido clara y definida: el Estado Mexicano debe controlar, cuando menos, la energía que producen el uranio, la electricidad y el petróleo, para retomar el rumbo del Estado Social de Derecho que recoge los principios revolucionarios que fueron consagrados en el texto original de nuestra Constitución.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
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