Falta de inversión privada en generación eléctrica

Estatizar en su mayoría a la industria eléctrica, va a redundar en la falta de inversión privada en nuevos proyectos de generación

Falta de inversión privada en generación eléctrica
Marco Gutiérrez Huerta/ Colaborador/ Opinión El Heraldo de México

La nueva política eléctrica, dirigida a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y estatizar en su mayoría a la industria eléctrica, redundará inevitablemente en la falta de inversión privada en nuevos proyectos de generación y, en el corto plazo, en un incremento de tarifas de la Comisión para la industria y comercio, aún cuando se tenga el bien intencionado objetivo de mantener las tarifas en el mediano plazo. La única forma de evitarlo sería con mayores subsidios para financiar las pérdidas de la CFE.

Anticipando el resultado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) en contra de las disposiciones administrativas para implementar la nueva política energética que pretendía modificar el régimen de competencia vigente, el primer día de febrero de 2021, el Presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación a enviar una iniciativa preferente para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Consiste en modificaciones que afectan inversiones existentes y que afectarán a las futuras.

Las que dañan inversiones existentes:

1. Sustituir el actual orden del despacho de centrales eléctricas con base en el precio más bajo (Despacho Económico en régimen de competencia) por el de preferente de las centrales de la CFE (Despacho Estatista en régimen monopólico).

2. Revisar los contratos de compra de electricidad de centrales privadas al servicio de la CFE (productores independientes).

3. Revocar los permisos de autoabastecimiento que gozan de subsidios en transmisión y distribución.

4. Permitir que la CFE reciba certificados de energía limpia de centrales de generación de ese esquema que entraron en operación previo a la Reforma de 2013.

Las que dañarán inversiones futuras:

5. Eliminar la obligación de la CFE de comprar energía en procesos competitivos transparentes (subastas) para que pueda negociar unilateralmente con privados la construcción de centrales.

6. Eliminar el libre derecho de las empresas de generar electricidad de forma competitiva (con y sin emisiones), al restringir el otorgamiento de permisos de generación a la decisión unilateral del Presidente, a través de la Secretaría de Energía.

El común denominador de las reformas es allegar ingresos a la CFE para darle ventaja competitiva frente a la inversión privada.

Si la reforma se aprueba como propuso el Ejecutivo federal, se ha anunciado que habrá fracciones parlamentarias que promoverán controversias constitucionales.

Si la reforma se negocia y se retiran algunos temas por violación a capítulos de  inversión extranjera al amparo de los tratados internacionales, entonces sólo algunos ingresos se adicionarán a la CFE.

El discurso del Presidente ha sido “beneficiar” a la población y no a las “empresas privadas”, por lo que se esperaría mantener el subsidio a bajos consumidores, no incrementar las tarifas a los consumidores residenciales y subirlas a altos consumidores industriales y comerciales.

¿Para cuándo se esperaría el incremento de tarifas? Siendo un año electoral, para 2022. Sin embargo, eso podría anticiparse dada la precaria situación de la CFE.

¿De cuánto sería el aumento? Estimamos que dependiendo de la ubicación de la industria y comercios, aunque anticipamos un alza de por lo menos 10 a 15 por ciento para regiones con clientes industriales y comerciales de CFE y de 35 por ciento para los clientes en todo el territorio que actualmente están siendo autoabastecidos por privados.

Dado que se restringiría la nueva generación a la capacidad de desarrollo de la CFE, se estima que se perdería la inversión de la mitad de 2,000 MW de capacidad adicionales requeridos cada año. Si estimamos que en promedio el costo es de 20 millones de pesos por cada MW de nueva capacidad de generación, la inversión privada que se dejaría en el resto de la administración sería 60 mil millones de pesos; eso si la CFE logra desarrollar o modernizar 1,000 MW de capacidad cada año, con otros 60 mil millones de pesos.

Si se regresa al esquema estatista para generar electricidad, se incentivarán las ineficiencias históricas de la CFE, lo que redundará en el incremento de tarifas eléctricas, o bien, en subsidios provenientes del erario público para mantenerlas donde están.

MARCO GUTIÉRREZ HUERTA
PRESIDENTE DE LA CNEC
@CNEC_MEXICO

avh 


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