Tenía razón Lilly Téllez, senadora del PAN, en la crítica a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República, por negarse a presentar una controversia constitucional en contra del decretazo de Palacio Nacional para cerrar toda la información y costos de las emblemáticas obras del gobierno de la 4T, con el pretexto de que obedece a asuntos de seguridad nacional.
“Qué lástima tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica, no es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal, ¿verdad senadora Olga Sánchez Cordero?”.
El señalamiento lanzado por Téllez hace dos sesiones desde la tribuna, y quien giró el cuerpo para ver de frente a la exsecretaria de Gobernación, cobró vigencia ayer, después de conocerse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia presentada por el INAI, mientras Olga Sánchez Cordero, exministra, defendía el decreto presidencial, al asegurar que no vulneraba competencias ni intereses del Senado ni del INAI.
La Suprema Corte cerrará este año con una fuerte determinación en defensa de la Constitución y autonomía como poder independiente, cosa que no ha podido hacer el Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados del PT y PVEM, están entregados al poder presidencial.
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La decisión de ayer, de frenar las atribuciones que se dio Presidencia con un documento, es la cuarta decisión contundente de los ministros para ponerle un alto a las invasiones extralimitadas del poder presidencial.
El 3 de abril, la Segunda Sala de la Suprema Corte declaró que el plan para el sector eléctrico del gobierno de López Obrador obstaculiza la libre competencia y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ante esa situación, López Obrador envió una propuesta a la Cámara de Diputados para realizar una contrarreforma eléctrica, sin que prospere, hasta el momento, debido a que si bien el partido guinda y su coalición son mayoría minoritaria, no alcanzan las dos terceras partes que se requieren para modificar la Constitución.
El 7 de septiembre, la Suprema Corte declaró inconstitucional criminalizar el aborto, como proponían desde el poder central. Y el 5 de octubre, la SCJN también declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa respecto de los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los relacionados con comprobantes fiscales falsos.
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La propuesta fue rechazada, entre otras razones, porque la prisión preventiva oficiosa debe ser limitada y estricta, por restringir el derecho humano a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia.
Y el 16 de noviembre, la Corte declaró inconstitucional la ampliación de mandato de Zaldívar. La acción fue conocida popularmente como el regalazo al ministro presidente, después de que, a pesar de que a todas luces era anticonstitucional, el Congreso aprobó una ley secundaria para aumentar dos años la titularidad del representante del máximo tribunal de justicia del país.
De esta forma el Poder Judicial sí ratifica su autonomía e independencia.
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Al cierre de esta columna, el INE discutía las prerrogativas de los partidos políticos para 2022, año en que se van a disputar seis gubernaturas. Se trata de una bolsa total de cinco mil 821 millones de pesos, entre ellos mil 819 millones de pesos para Morena, partido que incumplió con su promesa de campaña de entregar 50 por ciento de sus recursos de este año para la compra de vacunas contra COVID-19.
Hasta ayer por la noche, el INE no había recibido ninguna solicitud del partido que dirige Mario Delgado para que le sean descontados lo más de mil millones de pesos que se comprometió a donar para la adquisición de biológicos.
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Uppercut: Morena, PRD y PRI se pusieron de acuerdo en Zacatecas para aprobar la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM
@ALEXSANCHEZMX
MAAZ
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