La semana pasada fue de bolas rápidas en el Congreso. Por la vía del fast track —por mayoría y con prácticamente nula discusión o debate— se aprobaron diversas leyes y reformas. Cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre los cambios a la Ley del Banco de México que podrían trastocar su independencia, el presidente nos recordó que “antes el Poder Legislativo estaba al servicio de los intereses económicos y financieros; ése era el distintivo principal de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, dominaban los tecnócratas, que eran los empleados de los que mandaban en el país. Ahora es distinto, ya es otra cosa.”
Con estas adecuaciones, los legisladores parece que trabajan para empresas de envío de remesas como MoneyGram, Elektra o el crimen organizado. La iniciativa propone que los dólares que no puedan ser repatriados se incorporen a las reservas internacionales del Banco exponiéndolo a ser sancionado por las autoridades extranjeras y trastocando su leitmotiv: fortalecer el poder adquisitivo de nuestra moneda.
También se modificó la Ley de Seguridad Nacional para permitir que las fuerzas armadas certifiquen a agentes extranjeros. Estas reformas afectarán las operaciones conjuntas y los esfuerzos de cooperación con Estados Unidos y, como expresó William Barr, el fiscal general de Estados Unidos en un comunicado del Departamento de Justicia, estas modificaciones solo benefician a las organizaciones del crimen organizado. Los cambios se interpretaron como una respuesta a la detención del General Cienfuegos, a fin de dificultar el trabajo de agentes estadounidenses en el combate a los cárteles de la droga, revelando un enfriamiento de la relación bilateral y la adopción de una postura más nacionalista frente a Estados Unidos.
La reforma al sistema de pensiones, que impone un tope a las comisiones que cobran las Afores, anula la competencia y la posibilidad de obtener mejores rendimientos para los individuos. La injerencia estatal trae consigo distorsiones que van en detrimento de los individuos y se traducirán en un precio máximo para el ahorro de los trabajadores.
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Y, finalmente, aunque se pospuso su discusión hasta 2021, la eliminación del outsourcing podría generar mayor desempleo en medio de la peor crisis sanitaria y económica en tiempos recientes. También el aumento al salario mínimo —por popular que sea— generará inflación y disminuirá los incentivos de los patrones a crear empleos y contratar a más gente.
La agenda legislativa del lopezobradorismo avanza sin importar sus consecuencias sobre la actividad productiva. La súper mayoría morenista privilegia el contenido ideológico de sus propuestas sobre las consecuencias que tendrán en el empleo y el ingreso de millones de mexicanos. Sus triunfos legislativos siguen deteriorando la confianza en las instituciones y la certidumbre para la inversión. “Ahora es distinto, ya es otra cosa”, como dice el presidente. Los senadores y diputados de su partido legislan para centralizar el poder y vulnerar a la sociedad civil. Saben que es un juego de suma cero.
POR ALEJANDRO ECHEGARAY
POLITÓLOGO
@AECHEGARAY1