En la que fue una amplia conversación con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, el controversial exmandatario mencionó un tema que a izquierda o derecha debe ser motivo para reflexionar: las denuncias por corrupción.
A reserva de que resulte en un juicio sobre soborno y corrupción procesal que divide a Colombia, Uribe aseguró que su caso es un arma para descalificar a sus políticas y de hecho denunció al magistrado que lo acusa como parte interesada.
Uribe es conservador y promovió una política de "mano dura" contra el narcotráfico y los grupos guerrilleros, que afirma tuvo tal éxito que la única forma de contrarrestarla ha sido "afectándome en lo personal".
El expresidente se opone a la política de reconciliación iniciada por su sucesor, Juan Manuel Santos, y a eso atribuyó la medida de aseguramiento (detención) impuesta por un juez que según dijo, "fue contratista de Santos en el proceso de paz”.
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Según Uribe, "ese magistrado hizo un contrato por ciento setenta mil dólares con Santos y a ese magistrado le correspondía identificar a los miembros de las FARC que irían al proceso de paz; y ese es el magistrado que me impone a mí el arresto. No tuvo la decencia de declararse impedido cuando yo era una de las principales voces de oposición a ese proceso".
Uribe recordó que fue objeto de 22 mil intercepciones telefónicas, según un reportaje de la prestigiosa revista Semana, "y no encuentra una palabra mía que haya violado la ley”.
"Sin embargo, por más que por conjeturas, por rabia, el magistrado, por presumir contra mi presunción de inocencia, por suposiciones, hombre, me ha encarcelado; me metieron en un proceso de arresto domiciliario que aspiro superar plenamente, porque yo he sido controversial, pero he sido honorable, y creo que le he servido a Colombia y he tenido una doctrina que en alguna forma le ha servido a un sector del continente".
La opinión de Uribe sobre las acusaciones de corruptela pudo haber sido suscrita por Luiz Inácio Lula da Silva, el popular expresidente brasileño, que fue encarcelado y descalificado por participar en las elecciones presidenciales de 2018.
O por el expresidente peruano Martín Vizcarra, que el Congreso destituyó el 9 de noviembre por "presunta corrupción" como gobernador del Departamento (estado) de Moquegua entre 2010 y 2014.
Cierto que casos y países son distintos, pero el común denominador son las quejas sobre el uso de denuncias judiciales por corrupción con fines de descalificación política.
Cierto. Son una posibilidad muy real, pero algunas de las acusaciones por corrupción de mayor perfil en América Latina tienden a tener un trasfondo político que las hace sospechosas, y deben por tanto ser comprobadas más allá de toda duda.
O los sistemas judiciales serán los que resulten comprometidos.
POR JOSÉ CARREÑO
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1