COLUMNA INVITADA

Donatarias, la mina de oro desde el foxismo

La historia de México ha demostrado que después del periodo de la Revolución, mientras se consolidaba el partido en el poder, se establecieron regímenes de centralización

OPINIÓN

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Marco Antonio Ortiz Salas / Colaborador / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Foto: Especial

Todos recordamos con tristeza la devastación que trajo consigo el terremoto de 1985 y con ello, la aparición de cientos de ciudadanos que salieron a las calles para protestar por la falta de acción del gobierno en turno que no atinaba siquiera a atender la magnitud del desastre que se vivía en las calles. En esos tiempos no era común que los ciudadanos se reunieran por una causa común y protestaran sin un comité o corporación de trabajadores. Por esa razón, a estos grupos que salieron a las calles, se les llamó “sociedad civil”. En la actualidad, para muchos jóvenes, tal vez sea difícil entender que no había mecanismos de organización pues con los últimos avances democráticos, están ciertos que pueden manifestarse, organizarse o vincularse con los grupos o asociaciones que deseen, sobre todo con fines sociales y sin pretender lucrar.

La historia de México ha demostrado que después del periodo de la Revolución, mientras se consolidaba el partido en el poder, se establecieron regímenes de centralización, represión política y cooptación de las actividades sociales pues el gobierno no permitía el desarrollo y la participación ciudadana, si este no era a través de sus propias organizaciones obreras, campesinas y sociales. Es sin duda el terremoto de 1985 un parteaguas en cuanto a la participación de la sociedad civil, que se reforzó durante 1994 con la aparición del movimiento zapatista y que ha sido clave para llegar a entender el concepto de organización social, mismo que comenzó a ser una realidad en México y que logró incidir en las políticas públicas, en las mentalidades y en la lucha de los derechos de todos.

Con la llegada del Partido Acción Nacional al poder, la sociedad civil era una realidad, incluso, ésta contribuyó a la creación de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que significaba un instrumento de formalizar las relaciones del Estado y la Ciudadanía. A partir de entonces, se fomenta la creación y organización de grupos altruistas y sin fines de lucro para diseñar estrategias de fortalecimiento de las acciones gubernamentales en las que pudiéramos contribuir para remediar el abandono por parte del Estado en todos los sectores después de 70 años del PRI en el Gobierno. Si bien las necesidades eran inmensas en todos los sectores, la solución del Gobierno Foxista, fue otorgar facilidades a las asociaciones civiles para que se hicieran cargo de la atención social en los ámbitos educativos, culturales y en el campo. Esto derivó en que los distintos sectores diseñaran esquemas para delegar sus funciones y en buena medida, su responsabilidad sobre estas organizaciones. Por ejemplo, se crearon  esquemas de guarderías “subrrogadas”, programas culturales, clínicas, hospitales, entre otros.

Desde ese entonces se ha adoptado por este esquema, pero si bien reconocemos que un país requiere de las organizaciones sin fines de lucro como principal motor para el desarrollo social y sobretodo, las que son conocidas como donatarias autorizadas por las leyes fiscales para apoyar el trabajo que realizan, también reconocemos que este esquema se ha convertido en un dolor de cabeza para la actual administración. A partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, se ha hablado mucho sobre su rechazo a estas formas de atender las necesidades sociales, incluso habemos quiénes hemos sido críticos al señalar lo injusto que es determinar desde palacio nacional quiénes son corruptos y quiénes no, desde la óptica del presidente. Pero lo cierto es que se ha comprobado la manera en que cientos de estas donatarias no cumplen con sus funciones, así como otras que verdaderamente asumían la responsabilidad social del estado, el FUCAM por ejemplo. No obstante que algunas donatarias se basaban en la transparencia y rendición de cuentas, además de que cumplían cabalmente con el objeto por el que fuero creadas, lo que destaca más son las donatarias que se convirtieron en verdaderas minas de oro para miles de personas; De hecho, el SAT afirma que son más de 9 mil asociaciones las que se encuentran en este supuesto.

Por esa razón toma relevancia la propuesta de la miscelánea fiscal 2020 que propone regularlas y garantizar que cumplan con sus obligaciones tributarias, que entreguen informes, que se apeguen al cumplimiento de las normas establecidas, y las que no, se les revoque su autorización. La miscelánea plantea medidas adicionales de fiscalización para hacerlas más transparentes y evitar delitos fiscales por parte de los donantes y de los donatarios que ha sido una de las principales demandas del combate a la corrupción. Estas organizaciones, tienen como beneficio no ser sujetas al pago del ISR, pero es necesario fiscalizarlas pues, si bien no son contribuyentes, si tienen obligaciones, sobre todo si llegan a realizar actividades distintas a su objeto social lo que claramente se traduce en una evasión de impuestos.

Éste último punto es el que tiene tan molesto a la derecha y a los grupos que se habían visto favorecidos por utilizar estos esquemas, muchos de ellos ligados a los partidos políticos, pues su único fin era el de evadir sus responsabilidades fiscales así como lucrar con recursos públicos bajo la protección del Estado. Funcionarios de todos los niveles y de los gobiernos en turno, se vieron beneficiados durante los tres últimos sexenios creando donatarias abanderadas por el altruismo. Recordemos la tragedia de la Guardería ABC, creada por parientes de la familia Zavala o los beneficios que ha recibido en ese esquema el dirigente del PT. 

Injustamente, o como dice el propio presidente: pagan justos por pecadores. Hoy las asociaciones u organizaciones de la sociedad estamos etiquetadas, estigmatizadas y señaladas por el AMLO sin considerar las actividades de desarrollo en favor de la sociedad que durante 29 años hemos venido realizando. Nos enfrentamos a una visión reduccionista que pretende hacer creer que todo modelo de organización social se ve ligado de manea inherente a prácticas corruptas. No es así, la solución no está en la erradicación de los modelos organizativos, la solución está en la regularización, la fiscalización y en el castigo severo a quiénes, desde el el foxismo dieron paso a estas asociaciones como un modelo envidiable de evadir impuestos.

 

POR MARCO ANTONIO ORTIZ 
*SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.