Hoy es claro que los gobiernos no pueden combatir la corrupción solos, requieren del impulso de la sociedad y la participación decidida de las empresas y éstas tienen la responsabilidad de contribuir en la prevención y control de la corrupción con la implementación de programas anticorrupción que, además, les acarrea muchos beneficios, entre ellos, los de tipo comercial.
Parece que esto ha sido comprendido cada vez más en los gobiernos corporativos de las empresas, sin embargo, todavía es común encontrar que entienden su responsabilidad limitada al compromiso de cero tolerancia al soborno y la corrupción, y no se vuelven a involucrar más hasta que se encuentran en un problema grave.
Olvidan que va más allá y su esencia es la pauta de ejemplaridad, vivir bajo los principios plasmados en el programa y participar activamente en su ejecución.
La aplicación del programa anticorrupción requiere de la participación de todos los integrantes de la corporación, por lo que deben asignarse responsabilidades específicas para que sea aplicado, ejecutado, supervisado y evaluado de manera continua, y el gobierno corporativo debe entender que no es una actividad única de su parte, sino un proceso permanente que, además de traer aparejado el destino de recursos suficientes que permitan asegurar que tales actividades sean desarrolladas, es indispensable que esté pendiente de la supervisión y particularmente de su evaluación, pues, de ser meticulosa y constante, contribuirá a su efectividad y eficiencia, lo que, incluso, puede impactar positivamente en sus costos.
Si bien las empresas pueden designar a un área (digamos, al Comité de Auditoría, Comité de Integridad o área de cumplimiento) para el desarrollo e implementación del programa, en lo más alto del gobierno corporativo tienen que garantizar que se ejecute como una prioridad para la empresa (por ejemplo, previendo que sea un punto a tratar de forma periódica en el consejo o reflejándolo en la asignación de recursos), pero, además, supervisando al personal designado para su ejecución (por ejemplo, con informes regulares sobre la situación del programa o sobre incidentes relevantes) y evaluando el programa a través de la información que reciba al respecto.
Estas evaluaciones se convierten en un proceso de aprendizaje y mejora continuos que permite identificar carencias, debilidades u oportunidades para optimizar y simplificar el programa anticorrupción.
Adicionalmente, como parte de este proceso, las empresas pueden considerar cambios en su entorno y sus efectos focalizados sobre el programa (por ejemplo, si un examen muestra que los controles internos son efectivos y sostenibles, porque abordan los riesgos apropiadamente y se tiene una buena percepción sobre ellos, pero al hacer una evaluación sobre su eficiencia podría mostrar que son costosos y redundantes, por lo que podrían reducirlos o reemplazarlos para optimizar el programa mismo).
Estos procesos irán evolucionando y generando un efecto didáctico que llevará a aprender sobre las operaciones internas más susceptibles y contribuir a identificar las debilidades u oportunidades de mejora.
Por otra parte, no debemos olvidar que un instrumento adicional que ayuda a la evaluación son las auditorías internas y externas, pues aportan comentarios y observaciones de terceros (internos y externos) que pueden ofrecer información útil e incluso otorgar referencias o comparaciones con empresas pares del sector.
Es así como, adoptar la responsabilidad en el gobierno corporativo de las obligaciones de compliance anticorrupción no concluye con la publicación de un compromiso corporativo, va más allá, y es la supervisión, la evaluación y la mejora continua, de los más importantes eslabones de la cadena.
POR PABLO ESCUDERO MORALES
ESPECIALISTA EN COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y CREADOR DEL PEIC
@PABLOESCUDEROM