La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Margarita Ríos Farjat propondrá invalidar los artículos y las actuales porciones normativas del Código Penal Federal que sancionan con prisión a las mujeres que abortan dentro del territorio mexicano.
De acuerdo con la funcionaria, planteará su proyecto de sentencia en la Primera Sala de la SCJN el próximo miércoles 06 de septiembre y de ser avalada por cuatro miembros de la corte, tendrá efectos retroactivos en beneficio de las mujeres que se encuentran siendo procesadas o sentenciadas por este delito que además son acompañadas por la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que interpuso un amparo al respecto.
Ríos Farjat quiere liberar a las mujeres presas por aborto en el país
De aprobarse el proyecto por solo cuatro de los miembros de la Primera Sala, se establecerá jurisprudencia y el criterio será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, sin embargo, de no avalarse solo se aplicará para quienes solicitaron un amparo a través de la asociación civil GIRE.
Según el texto del proyecto, cuando la propuesta sea aprobada las rigurosas normas que criminalizan el aborto a nivel federal dejarán de aplicarse y el fallo tendrá que ser acatado por cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa, especialmente en los casos en los que se involucra al personal de salud en la interrupción del embarazo y/o por los agentes ministeriales que reciban las denuncias por estos hechos.
Aunado a esto, como se trata de normas de carácter penal, la ministra Margarita Ríos Farjat propuso fijar efectos retroactivos en beneficio de las personas procesadas o sentenciadas por este delito, es decir que fungirá igual para quienes están dentro de la prisión o durante un procedimiento correccional.
¿Cómo surgió la iniciativa?
Durante muchos años diversos colectivos feministas han buscado no solo despenalizar el aborto a nivel nacional, sino dejar de criminalizar a las mujeres víctimas que yacen en las prisiones por este delito, sin embargo, este asunto derivó en específico de un amparo en revisión por parte de la asociación civil GIRE, quien solicitó declarar inconstitucionales los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal.
El juez de distrito había considerado que el grupo carecía de interés legítimo y no estudió la demanda, sin embargo, un Tribunal Colegiado determinó que la asociación contaba con "todas las de la ley" para impugnar las normas. Entonces, dichos artículos que imponen una pena de prisión que van de los seis meses a los cinco años para las mujeres que (con capacidad de gestar) deciden de manera voluntaria interrumpir el embarazo, quedarían completamente inhabilitados, así como las penas que se le imponen al personal de salud que van de dos a cinco años, incluyendo a comadronas o parteras.
Finalmente, la ministra Margarita Ríos Farjat enfatizó que "la asociación civil GIRE se constituyó con la finalidad de defender, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñas, incluyendo sus derechos reproductivos, a la salud y a la igualdad y no discriminación".
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