La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el proceso legislativo en el Congreso de Hidalgo con el que se realizaron reformas a favor de la interrupción legal del embarazo.
Este lunes, el máximo tribunal analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso estatal para demandar la invalidez del decreto 728 por el que se reforman el Código Penal y la Ley de Salud locales, publicado el 6 de julio de 2021.
Los ministros consideraron que durante el proceso legislativo para modificar estas normas no se cometieron violaciones con carácter invalidante. Además, la Corte señaló que el decreto cumple con los requisitos de fundamentación y motivación legislativa, al considerar que el Congreso local tiene competencia para modificar estos ordenamientos.
El ministro Alberto Pérez Dayán elaboró el proyecto de sentencia y señaló que no existieron vicios en tal procedimiento que puedan invalidarlo. “El proyecto plantea que, contrario a lo aducido por la minoría parlamentaria actora, el hecho de que únicamente haya sido la Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales quien haya estudiado y aprobado el dictamen, y no de manera conjunta con la Comisión Permanente de Seguridad y Justicia, no se traduce en una violación al proceso legislativo con un potencial invalidante”, indicó.
“Esto porque conforme a la normativa estatal y a diferencia de muchas otras, la elaboración de un dictamen en forma conjunta por dos comisiones, tratándose de los asuntos que atañen a la competencia de ambas, no es obligatorio como lo establece esa norma, sino meramente potestativo”, señaló Pérez Dayán.
Las normas señalan que la interrupción se debe realizar dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.
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