Con 32 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para elevar a rango constitucional la "3 de 3 contra la violencia" hacia las mujeres, para que quienes tengan sentencias firmes, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género en el ámbito familiar se les suspendan sus derechos y prerrogativas y no puedan aspirar a ninguna función pública, cargo de elección popular o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
Entre aplausos, luego de 18 días de que el Grupo Plural de Igualdad de Género anunció en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se lograron los consensos con todas las fuerzas parlamentarias para aprobar la reforma, la instancia legislativa avaló el dictamen.
Para su discusión en lo particular se presentaron dos reservas, de forma, para cambiar la redacción del proyecto, una de ella del presidente de la comisión, el morenista Juan Ramiro Robledo, que fue aprobada por los integrantes de la instancia legislativa.
Durante la discusión del proyecto, la diputada de Morena, Aleyda Alavez, destacó que tienen la obligación de dejar claro que el Estado debe poner cartas en el tema de la violencia contra las mujeres.
"Es específicamente que asumamos que es un problema lamentablemente generalizado lo que estamos viviendo y que no excluimos a nadie, a ningún poder del Estado para que se haga cargo que estas medidas que se tomen contra la violencia a las mujeres sean reconocidas y puestas en marcha desde cada una de las instancias públicas de este país" señaló la legisladora.
En este mismo sentido, la diputada del PRI, Blanca Alcalá señaló que la construcción del dictamen se logró luego de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y del día a día.
“Referirme al rigor del que hemos sido cuidadosas en lo que implica la técnica legislativa, sabemos de lo que implica una modificación al texto constitucional y por ello, definitivamente también apreciamos este trabajo y este diálogo que a largo de estos días hemos tenido con el presidente de la comisión con su secretariado técnico y con las diversas personas que se han manifestado interesadas en el mismo, por supuesto también al interior de nuestras bancadas las expresiones que hemos recogido de ellas”, señaló la diputada a nombre del PRI.
Aclaró que la iniciativa no está dedicada a nadie, sino que va dirigida a todos los ciudadanos a fin de evitar que, en caso de ser violentadores, lleguen a ocupar cargos públicos.
“Esta iniciativa no tiene dedicatoria hacia una dos o más personas, se trata de medida disuasoria para recuperar en la democracia mexicana, insisto, lo que implica la ética política en el manejo, desde el más modesto de los servidores públicos, hasta el más encumbrado de quien toma las decisiones”, subrayó.
Prevenir violencia institucional
El objetivo de la "3 de 3 contra la violencia" es prevenir la violencia institucional, elevar el nivel de ética pública y garantizar los derechos humanos de las mujeres. En su exposición de motivos, el dictamen establece que elevar a rango constitucional la “3 de 3” dará certeza a las víctimas sobre la no elegibilidad de sus agresores.
“Por lo tanto, elevar a rango constitucional la medida “3 de 3 contra la violencia”, y establecerla como un requisito para ser registrado como candidata o candidato de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público; otorgaría certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, y representaría un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres” señala el proyecto.
El proyecto que se remitió a la Mesa Directiva, establece reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución para establecer que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar prófugo de la justicia o por haber incurrido en tres tipos de conductas violentas contra las mujeres.
“Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual; Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género; Por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa”, señala el dictamen que someterá a consideración del pleno los próximos días.
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DRV