Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a los derechos humanos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo" son una contradicción con la sociedad mexicana, debido a que las víctimas que viven violaciones a sus garantías no han recibido la misma atención por parte del Ejecutivo federal, así lo aseguró Mariclaire Acosta, experta en este rubro.
En entrevista con Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, la especialista dijo que el mandatario no se equivoca al decir que hay que dejar la puerta abierta en torno a los derechos humanos del líder del Cártel de Sinaloa, pero que sí erra al ignorar a los activistas asesinados, a las personas en prisión preventiva oficiosa que no tienen una sentencia o cualquiera que ha padecido el pisoteo de la legislación que los protege.
"Fue un comentario desafortunado, porque se dirigió a un personaje que es prácticamente un criminal", dijo.
Destacó que "El Chapo" está cumpliendo una condena en Estados Unidos por diversos delitos y además ha logrado evadir el cumplimiento de sus sentencias en las cárceles mexicanas, por lo que no habría ninguna justificación para regresarlo a un penal de máxima seguridad en México.
Aseguró que los abogados del narco son los que deben actuar ante las cortes estadounidenses para que se atiendan las posibles violaciones de sus garantías individuales dentro de la prisión y no buscar el favor del gobierno de López Obrador, el cual ya no tiene jurisdicción en lo relacionado con el capo.
Recordó que el presidente no ha atendido la solicitud de audiencia con diversos grupos de activistas o víctimas de varios delitos y se ha negado a encontrarse con ellos excusándose de que esto pondría en peligro la investidura Presidencial.
"Me parece inexplicable estas deferencias con el Chapo Guzmán", dijo.
¿Cómo trata la prisión al jefe del Cártel de Sinaloa?
La justicia de Estados Unidos justifica las medidas que evitan la salida de Joaquín Guzmán Loera con la peligrosidad del capo. De acuerdo con las pesquisas hechas en ese país, el narco mexicano sería responsable de la cadena de mando que permitió la llegada de al menos el 25 por ciento de la droga que hay en suelo norteamericano.
A esto le suman crímenes que se realizan desde 1980 y estar al frente de las operaciones que habrían dejado un acumulado de 70 mil muertes en diversas partes del mundo para así afianzar su poder. Según las estimaciones de la justicia de EU, el criminal habría acumulado por estas actividades ilícitas más de mil millones de dólares, aunque no es posible estimar el valor de las propiedades que acumuló en más de 30 años de haber iniciado su carrera.
El antecedente de haber escapado de prisión no ayudó a la hora de darle un espacio como el reo número 377 en la cárcel ADX Florence, en la cual no ha habido ninguna fuga desde su apertura en 1994.
El hombre acostumbrado a celdas VIP en México, se encuentra ahora recluido durante 23 horas al día en una habitación de dos por tres metros. No tiene contacto con otras personas más que los custodios que le llevan sus alimentos o lo acompañan mientras realiza una hora de actividades al día.
Para realizar sus actividades solamente cuenta con una cama y un escritorio de cemento. A un costado hay un lavabo, una televisión y una regadera con la cual puede asearse. El mismo administrador de la prisión, Robert Hood, declaró que las condiciones que tiene líder del Cártel de Sinaloa como una condena peor que la pena de muerte.
Mantener al criminal en esta "caja" de encierro le cuesta al gobierno de Estados Unidos entre 80 mil y 100 mil dólares al año. Tampoco se le permite ver a su esposa Emma Coronel, a su madre María Consuelo Loera Pérez o sus hijas. El contacto con otros presos también es nulo.
Su abogado pide clemencia
José Refugio Rodríguez, el abogado del capo, tuvo una conversación con Jesús Martín Mendoza a través de la señal de El Heraldo Media Group, en ella aseguraba que el estilo de vida de su cliente era infrahumano y violaba sus derechos humanos.
Destacó que el aislamiento y el encierro permanente se ha aumentado al punto de que solamente se le permite salir a un patio de dos metros una o dos veces al mes.
Aseguró además que el narcotraficante no tiene acceso a nadie que hable su idioma y que en cinco años solamente se le han permitido cuatro visitas y que incluso se le ha prohibido hablar con su madre a través de una llamada telefónica. El legista ve en estos actos una tortura psicológica que "mata en vida" al delincuente y está sustentado únicamente en un tema político.
Estas quejas y la solicitud de ayudar a que el capo regrese a México las hizo llegar el defensor de Guzmán Loera al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual dijo que habría una revisión sobre el caso, debido a que se debía velar por los derechos humanos de todos.
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