Los excomandantes Marcos Alvis Patiño, Alfonso López Méndez y Jhoverman Sánchez, que estaban a cargo de mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC, narraron los horrores por los que hicieron pasar a civiles y miembros de la fuerza pública que estuvieron en cautiverio.
De acuerdo con los excomandantes, vinculados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se realizaron acciones como tratos inhumanos, toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, algunas durante varios años, declaraciones que fueron realizadas en tres diligencias a las que fueron citados por separado en el caso 01 del tribunal.
La JEP, creada por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, también investiga los crímenes de paramilitares y fuerzas del Estado, ocurridos durante más de 50 años de conflicto armado.
Las declaraciones de tratos inhumanos
En las declaraciones del pasado cuatro de marzo, Alvis Patiño habló sobre los tratos crueles que sufrieron los policías en los dos campos de secuestrados que comandó entre 1999 y 2000. El excomandante narró que los uniformados eran encerrados en jaulas de alambre de púas, ahí se les obligaba "a hacer sus necesidades en bolsas" e incluso "en los recipientes donde comían".
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Además reconoció que el daño hecho durante esta guerra fue demasiado grande, ya que “el secuestro era inhumano, denigrante y de las peores cosas que ha dejado el conflicto”.
El compareciente Patiño, también respondió por el secuestro del intendente Luis Hernando Peña Bonilla, quien fue retenido en 1998 durante el ataque a la base de Mitú, y además sufría problemas de salud mental. En la actualidad sigue desaparecido, aunque algunos compañeros de cautiverio indican que fue asesinado.
El financiamiento y las victimas
Por su parte Alfonso López Méndez, quien era comandante del frente 27 de las FARC, uno de los más grandes de la extinta guerrilla, reconoció que el frente llegó a tener 500 guerrilleros y 400 milicianos que hicieron presencia en regiones extensas de los municipios de Vistahermosa y San Juan de Arama, en el departamento del Meta.
En su declaración del pasado ocho de marzo indicó que este frentes “se financiaba del cobro de la pasta base de coca, acumulando millonarios ingresos que le permitían ejercer el control territorial de vastas zonas, incluso construyendo carreteras en estas".
Asimismo, refirió a la JEP que la mayoría de las victimas acreditadas eran campesinos de la zona, en especial los cultivadores de coca y otros pobladores “que además de ser torturados y maltratados, fueron obligados a pagar sumas de dinero que iban entre 5 y 50 millones de pesos (entre 1.400 y 14.000 dólares) y que los dejaban sumidos en deudas y pobreza".
Finalmente, Jhoverman Sánchez, el tercero al mando del frente quinto hasta 1997 y luego comandante del frente 58, reconoció su participación en el secuestro de más de 137 miembros de la fuerza pública entre militares y policías, esto entre el periodo de 1998 a 2005.
Las victimas
Cabe mencionar que la JEP, investiga más de nueve mil hechos, y hasta el momento dos mil 107 víctimas han sido acreditadas, sin embargo, en la primera etapa de la investigación la Sala de Reconocimiento "ha encontrado que las víctimas pueden llegar a ser más de 20 mil”.
pgh