El gobierno de México vive una contradicción absurda: al tiempo que protege los mecanismos externos que ayudan a la prosperidad del país, como el T-MEC, destruye las bases internas que permiten a dichos instrumentos funcionar plenamente, como el Estado de derecho.
Si algo se reconoce a la presidenta Sheinbaum es el pragmatismo para defender la integración de América del Norte ante la hostilidad de Donald Trump. En este tema, Palacio Nacional ha puesto la realidad objetiva por encima de los dictados ideológicos. La lectura del gobierno es, correctamente, que el comercio libre con Estados Unidos es vital, sin importar que sea “neoliberal”; de ahí su estrategia de mesura y concesiones para mantenerlo.
Tanto así que hay un viraje gradual en la estrategia de seguridad: la política de “abrazos, no balazos”, sostenida hasta la ignominia por López Obrador como sello de su gobierno. Por ello, resulta muy significativo que esta administración esté dispuesta a replantearla, como gesto para congraciarse con Washington, en aras del libre comercio. Sin embargo, ese pragmatismo para hacer lo correcto por encima de lo dogmático; esa disposición para corregir las políticas dañinas del pasado reciente; tal visión de Estado para poner el interés del país por encima del proyecto faccioso, no se verifica en muchos otros asuntos.
Hasta hace poco, diversos análisis coincidían en que México estaba bien posicionado para capitalizar una serie de factores externos. Las tensiones entre China y Estados Unidos, sumadas a la reestructuración global de las cadenas de producción acelerada por la pandemia y la guerra en Europa, abrían una oportunidad estratégica para el nearshoring. Incluso se habló de un nuevo “momento mexicano”. Sin embargo, ese escenario hoy se ve seriamente amenazado por las tensiones comerciales con EUA -a partir de la visión proteccionista de Trump- y la fragilidad institucional interna que compromete nuestra capacidad para aprovechar esa ventana.
De hecho, las advertencias se han vuelto también unánimes: nuestro país ya no tiene balances de poder (Congreso, Corte), ni contrapesos institucionales (INAI, CNDH, etc.), ni órganos independientes para regular actividades estratégicas como la energía o las telecomunicaciones (COFECE, IFT, CRE, CNH). Se duda incluso de la naturaleza democrática misma del país, ante la captura del INE y del Poder Judicial, cuyo colapso final contemplamos estos días.
En las últimas décadas, el mundo ha anunciado más de una vez el “momento mexicano”. La diferencia es que en ocasiones anteriores esos momentos surgieron a partir de decisiones internas orientadas a hacer del país un entorno más competitivo y próspero. Fue el caso, por ejemplo, de la negociación del TLCAN o de la serie de reformas que impulsó la administración de Peña Nieto.
Más allá de lo que uno opine de esos gobiernos, entendieron que no se puede esperar a que la fortuna traiga oportunidades de fuera. Incluso cuando éstas llegan, lo decisivo es lo que nosotros mismos construimos para aprovecharlas -y para enfrentar mejor las adversidades-: leyes e instituciones que amplíen la certeza jurídica, la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia misma; inversiones productivas en infraestructura y tecnología; funcionarios públicos profesionales, con mecanismos meritocráticos de permanencia y ascenso; proyectos de gobierno fundados en la legalidad y la técnica.
El país aguantó los errores del sexenio pasado -desde la cancelación del Aeropuerto de Texcoco hasta elefantes blancos como el Tren Maya- por la herencia que dejó el “neoliberalismo”: fondos de estabilización e instituciones imperfectas pero funcionales. La presidenta ya no cuenta con esos amortiguadores, que su antecesor dilapidó. Su administración haría bien en, con el mismo pragmatismo con que ha defendido el T-MEC, ejercer su autoridad para frenar la destrucción institucional interna que, de completarse, haría estéril cualquier ventaja externa.
No se trata de caer en la ingenuidad de ignorar la lógica política: el ataque al Poder Judicial y medidas similares buscan concentrar el poder y perpetuarse en él. Pero incluso desde esa visión cruda, para que ese país al que anhelan gobernar indefinidamente sea viable, está en el propio interés del régimen que subsista un estándar mínimo de Estado de derecho, libertad y prosperidad material. Incluso la vieja hegemonía del siglo XX entendió eso, y bien o mal edificó un país de instituciones en el camino. El momento mexicano no “llega”, se construye -o no.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
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