La convocatoria del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para desalentar el consumo de comida chatarra en las escuelas del Sistema Educativo Nacional forma parte de un esfuerzo que sólo podrá tener éxito con la participación activa de los propios estudiantes, madres y padres de familia, así como del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Se trata de un llamado de sentido común que encuentra precedentes en normativas adoptadas por gobiernos de otros países del mundo que limitan el contenido de ingredientes que se consideran nocivos cuando se contienen en exceso en los alimentos comerciales de consumo masivo.
El tema es de suma relevancia: México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad infantil, condición que en la edad adulta suele derivar en enfermedades como diabetes e hipertensión, dos de las principales causas de muerte en nuestro país. La presión que estas enfermedades ejercen sobre el sistema de salud -tanto público como privado- hace insuficientes los recursos humanos y financieros destinados a su atención. Por ello, se vuelve urgente aplicar medidas preventivas bajo el principio de que una sociedad saludable no es sólo la que mejor atiende a sus pacientes, sino aquella en la que menos personas se enferman.
En este sentido, el mensaje del titular de la SEP, Mario Delgado, no se limita a la prohibición de ciertos productos, sino que se acompaña de una propuesta positiva: un catálogo de alimentos saludables como alternativa. Además, una vertiente del proyecto vincula la alimentación con la prevención de adicciones como el alcohol y las drogas, promoviendo el estudio, el deporte, la vida familiar y la sana convivencia, todo ello sustentado en el papel fundamental de una comunidad adulta consciente. Una comunidad que entiende que la participación del Estado en la formación de niñas, niños y jóvenes es subsidiaria, y que el núcleo esencial de esa tarea sigue siendo la familia.
Esta convocatoria también involucra a los grandes fabricantes de alimentos procesados, algunos de los cuales, apoyados por campañas publicitarias masivas, condicionan el gusto del consumidor mediante productos con altos niveles de sal y azúcar, creando clientelas al borde de la adicción. Estos empresarios irresponsables suelen escudarse en una interpretación equivocada de la libertad de mercado, pero frente al desafío en materia de salud pública, el llamado del gobierno es también una invitación a que reorienten, de manera voluntaria y creativa, su oferta comercial, en sintonía con las necesidades reales de la sociedad.
POR LUIS FERNANDO SALAZAR
SENADOR DE LA REPÚBLICA POR COAHUILA
@SALAZARLUISFER
PAL
