El gobierno de Claudia Sheinbaum no sólo le entregó veintinueve narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, le mostró al gobierno de Donald Trump su disposición a violar flagrantemente las leyes mexicanas con tal de evitar que cumpla sus amenazas, aunque sin contar con garantías ni compromisos al respecto. No hubo un comunicado conjunto, tampoco nada indicando que la maniobra fuese resultado de algún acuerdo o quid pro quo. La imagen que deja el episodio no es la de dos países que estrechan sus vínculos de colaboración en materia de seguridad; es, más bien, la de un ritual en el que una tribu aterrorizada inmola prisioneros en el altar de una deidad caprichosa y terrible para tratar de aplacar su ira. Más que una apuesta, fue una ofrenda.
El intento oficial de darle un barniz de legalidad sólo sirvió para exhibir la arbitrariedad de la decisión. Cualquier persona puede buscarlos y corroborar que ni el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional ni el inciso VI del artículo 89 constitucional avalan algo semejante. Peor aún fue el alegato de que la entrega se realizó con tanta premura y desaseo porque había información de que jueces corruptos estaban por dejarlos ir o impedirían su traslado a toda costa. No fueron contra los supuestos jueces corruptos ni contra los vacíos o absurdos que pudiera haber en la legislación, su estrategia fue subvertir la posibilidad misma de hacer valer las normas. Se trató, en cierto sentido, de un harakiri jurisdiccional: México descalificó su propio sistema de justicia para pasar por encima de él con el fin de no dilatarse en obsequiar una solicitud de Estados Unidos.
En cuanto al funcionamiento interno de la nueva hegemonía que impera hoy en México, queda constancia de qué resortes movilizan la determinación del obradorismo para emprender acciones audaces y contundentes contra la delincuencia organizada. Lo que no han podido cientos de miles de homicidios y desapariciones, el clamor de los movimientos de víctimas y las madres buscadoras, las encuestas que desaprueban su gestión en materia de seguridad, los impactos sociales y el costo económico de la violencia criminal, sí lo puede el miedo a los desplantes de Trump. Recordando un momento clásico de López Obrador, se impone la pregunta: ¿entonces quién manda aquí?
Finalmente, con este hecho la “defensa de la soberanía” en la que ha insistido tanto la presidenta Sheinbaum deja de sonar como un gastado recurso de la cantaleta nacionalista y adquiere, en cambio, un significado operativo muy concreto: no es cuestión de qué se puede o no se puede hacer, sino de quién lo hace. La posición de México frente a Trump no es la de un país que discrepa, que exige o que negocia; es la de un país que cede preventivamente, que cumple con lo que pide el otro sin pedir nada a cambio, cuya repertorio para resistirse incorpora la posibilidad del daño autoinfligido como seña de buena voluntad. Seremos soberanos, pues, en la medida que sepamos procurar nuestro propio sacrificio.
POR CARLOS BRAVO REGIDOR
COLABORADOR
@carlosbravoreg
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