La impartición de justicia en México es un pilar fundamental para garantizar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la paz social. Se trata del proceso mediante el cual el Estado aplica la Constitución y las leyes para resolver conflictos, proteger los derechos de los ciudadanos y sancionar conductas ilícitas. Sin embargo, este sistema enfrenta desafíos históricos como la corrupción, la impunidad, los retrasos procesales y, en algunos casos, la percepción de politización o nexos con el crimen organizado.
En el contexto actual de México, la impartición de justicia cobra especial relevancia debido a la reforma judicial aprobada en 2024, que entró en vigor en 2025. Esta reforma introduce la elección popular de ministros, magistrados y jueces, buscando democratizar el Poder Judicial y hacerlo más cercano a la población. Sin embargo, ha generado debate sobre sus posibles efectos, como el riesgo de politización del sistema o la influencia de intereses externos.
Efectos en Michoacán en este momento: Michoacán, un estado marcado por la violencia, la presencia del crimen organizado y tensiones sociales, refleja de manera particular los retos y las consecuencias de la impartición de justicia. Varios factores destacan:
1. Violencia y Seguridad Pública: Michoacán ha sido escenario de enfrentamientos recientes entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos, como lo evidencian reportes sobre la muerte de militares y acusaciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha señalado a jueces de distrito por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Estas declaraciones sugieren una desconfianza en el sistema judicial, acusándolo de contribuir a la liberación de figuras clave del crimen.
2. Impacto de la reforma judicial: con las elecciones judiciales, Michoacán enfrenta un momento crucial. La implementación de este nuevo modelo busca renovar el Poder Judicial local, pero también plantea incertidumbre. La elección popular de jueces podría fortalecer la rendición de cuentas, pero existe el riesgo de que candidatos sean presionados o cooptados por grupos criminales. Líderes como Octavio Ocampo han resaltado la necesidad de procesos democráticos y transparentes para que esta reforma fortalezca la democracia.
3. Impunidad y Confianza Ciudadana: la percepción de impunidad en Michoacán sigue siendo alta, alimentada por casos como la liberación de presuntos criminales y escándalos de “narcopolítica” que involucran a exgobernadores y alcaldes. Una impartición de justicia eficiente es clave para romper este ciclo, pero los retos estructurales, como la corrupción y la falta de recursos limitan los avances. En este sentido, la modernización del sistema judicial, incluyendo la justicia digital, podría agilizar procesos y reducir rezagos.
4. Contexto Social y Político: Michoacán es un microcosmos de los problemas nacionales, con una sociedad que demanda justicia expedita y efectiva frente a la violencia y la desigualdad. La impartición de justicia no sólo resuelve conflictos legales, también influye en la estabilidad social. Si el sistema falla, como se percibe en las críticas a jueces, se erosiona la legitimidad del Estado y se abren espacios para soluciones extralegales, como las autodefensas.
En resumen, la impartición de justicia en México es esencial para sostener el orden y proteger los derechos ciudadanos, pero en Michoacán, en este momento, sus deficiencias agravan problemas como la inseguridad y la desconfianza institucional. La reforma judicial ofrece una oportunidad de cambio, pero su éxito en el estado dependerá de cómo se gestione la transición hacia un sistema más transparente y resistente a las presiones externas. La situación actual refleja una tensión entre las expectativas de justicia y los desafíos para hacerla realidad en un contexto de violencia y polarización.
Por Cesar M. Gutiérrez Priego
Abogado
@cesargutipri
EEZ
