El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El Estado mexicano corre el riesgo de cometer, en el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, los mismos errores que cometió en la noche de Iguala, Guerrero. En otro momento abordaremos las similitudes y diferencias entre ambos hechos, que tienen en común la impunidad.
Cuando se habla de personas desaparecidas se debe tener cuidado con los sustantivos y, más aún, con los adjetivos utilizados. En este momento, ante los hallazgos en el rancho Izaguirre, existen más preguntas que certezas.
Obvio: gobierno federal morenista, gobierno estatal de Movimiento Ciudadano; por supuesto que el PRI y el PAN intentan sacar raja política de esta circunstancia y exigir lo que nunca hicieron. Cosas de la política.
Bien hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en identificar las diversas capas del problema que representa lo encontrado en el rancho Izaguirre; ahora corresponde ser consecuente con esa decisión. Lo primero, para no hacerse bolas y tropezar una y otra vez con la misma piedra, es distribuir investigaciones y competencias. Cada chango a su mecate. ¿En el caso del rancho Izaguirre, qué le corresponde investigar al gobierno y fiscalía de Jalisco, y qué le corresponde al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República?
A la fiscalía de Jalisco —que, al igual que el gobierno estatal de Pablo Lemus, acaba de iniciar funciones— le correspondería la investigación y procuración de justicia respecto a cuántos y quiénes estuvieron cautivos, fueron torturados y quizá asesinados e incinerados en el rancho Izaguirre y zonas aledañas; asimismo, sería responsable de identificar a los culpables y lograr su captura.
Ningún elemento de la fiscalía de Jalisco que tuvo relación con la investigación de octubre del año pasado en el aseguramiento de este rancho podría participar. El gobierno del estado, a través de sus diversas dependencias, garantizaría los recursos a la fiscalía estatal para el cumplimiento de sus funciones, así como establecería una coordinación estrecha con la Comisión Nacional de Búsqueda, el INE y cualquier otra dependencia que pudiera tener información que ayude a la identificación de las víctimas del rancho Izaguirre.
Particularmente importante será la participación, coordinación y colaboración con los grupos de madres buscadoras en Jalisco y otras entidades del país.
A la Fiscalía General de la República le correspondería la investigación, deslinde de responsabilidades y procuración de justicia respecto al aseguramiento que autoridades estatales y la Guardia Nacional realizaron el año pasado en el rancho Izaguirre.
Claro que se debe buscar la colaboración de agencias extranjeras, pero siempre de manera coordinada con la fiscalía estatal o con la fiscalía de la República. Esta división funcional de la investigación es necesaria para que la complejidad del caso y los intereses políticos en juego no impidan la justicia.
Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?
La política es de bronce.
POR ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO
@ONELORTIZ
MAAZ
