Conforme el diseño institucional planteado para la reforma al Poder Judicial, se acercan a partir del mes de abril los sesenta días improrrogables que tendrán las personas candidatas a cargos de elección popular judicial para hacer campaña, esencialmente, a través de redes sociales.
Hay que decirlo: ha sido muy complicado y lo será aún más, contener un fenómeno no atribuible a quienes aspiran a un cargo judicial de elección popular, el de la inequidad que conlleva competir entre quienes ya son figuras públicas por distintas razones, con quienes no lo son.
La campaña electoral se puede entender como el conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto por parte de la ciudadanía, bajo el entendido de que la promoción de una candidatura está sujeta a las reglas y límites a la propaganda, difusión y gastos personales dispuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la ley.
Las personas candidatas podrán participar durante el periodo de campañas en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate organizados y brindados gratuitamente por el sector público, privado o social, en condiciones de equidad.
Los gastos que podrán realizar las personas candidatas son únicamente aquellos cuya finalidad sean para cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro del período de campaña respectivo. Cabe mencionar que el tope de gastos de campaña aún no se fija.
¿Qué podrán decir o prometer las personas candidatas como discurso de campaña? En mi consideración, para que exista una congruencia entre su compromiso escrito y lo que digan en sus redes sociales o foros, deberemos acudir al micrositio del INE denominado “Sistema Conóceles para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación”, para ahí leer qué propuestas de mejora a la función jurisdiccional y a la impartición de justicia ofrecen y a qué se comprometen en sus actos de campaña.
No será sencillo para el electorado el manejo de la carga masiva de información que se tendrá en el micrositio, pero ahí se podrá encontrar la información primordial de cada persona candidata, su historia profesional, laboral y académica, así como sus medios de contacto públicos de redes sociales, páginas web, correos electrónicos y números telefónicos.
El discurso oral o escrito de cada persona candidata pública deberá efectuarse en un lenguaje incluyente y no sexista, libre de cualquier violencia política sobre todo la proveniente por razón de género, evitando cualquier vulneración al interés superior de la niñez y sin contener expresiones que constituyan calumnia, menos aun haciendo referencias inequívocas de identidad a un partido o fuerza política, entre otros aspectos.
La fuerza y congruencia del discurso en campaña puede ser un elemento decisorio del voto.
POR ENRIQUE SUMUANO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
@ENRIQUESUMUANOC
MAAZ
