Todos los días, millones de ciudadanos padecemos de contratos con cláusulas engañosas y abusivas.
Las llamadas "letras chiquitas" de los contratos no son solo una molestia, sino una trampa bien diseñada que limita nuestros derechos y nos somete a condiciones injustas.
Desde el Senado propuse una iniciativa de ley que busca regular los contratos de adhesión, eliminar las cláusulas abusivas que afectan a los consumidores y garantizar que éstos utilicen un lenguaje sencillo y ciudadano.
Los contratos de adhesión están presentes en todos los sectores fundamentales de nuestra vida: desde los servicios financieros, telecomunicaciones, vivienda hasta el comercio electrónico.
Simplemente no podemos vivir sin ellos.
Desafortunadamente son redactados unilateralmente por los proveedores y no ofrecen posibilidad de negociación al consumidor. Aunque facilitan las transacciones masivas, la falta de regulación permite la inclusión de términos desleales que afectan la equidad, la transparencia y la confianza en el mercado.
Es común encontrarnos con restricciones excesivas para la cancelación de servicios, penalizaciones desproporcionadas o cláusulas que nos obligan a renunciar a nuestros derechos. Estas prácticas generan inseguridad jurídica y costos inesperados. De acuerdo con estudios recientes, las personas pueden gastar hasta 14 mil pesos en multas y sanciones.
Por ello, mi iniciativa plantea medidas concretas para fortalecer el marco normativo y proteger a los consumidores. Proponemos que todos los contratos sean registrados y revisados por la Profeco y la Condusef, con el objetivo de detectar y eliminar cláusulas abusivas antes de que perjudiquen a los ciudadanos.
Además, se otorga mayores facultades a estas instituciones para sancionar a los proveedores infractores y garantizar que los contratos sean redactados de manera clara y accesible.
Si logramos reforzar estas normativas, las empresas estarán obligadas a modificar contratos abusivos, enfrentar sanciones más estrictas y ofrecer condiciones justas para todos.
Por ningún motivo se trata de obstaculizar la operación del mercado, sino de generar un entorno de mayor transparencia y equidad, donde el consumidor tenga herramientas efectivas para defenderse.
Lo anterior generará mayor confianza en los consumidores y eso es siempre bueno para las empresas y la economía nacional.
Desde mi llegada al Senado de la República hice un compromiso con las y los ciudadanos de impulsar iniciativas que protejan sus derechos y promuevan un mercado libre, pero justo.
La justicia y la equidad deben ser la norma, no la excepción.
POR WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
EEZ
