El domingo 30 de marzo inicia el período de campaña para las y los candidatos a los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, en medio de un clima social de confusión, incredulidad y desconfianza. El gen político de la ciudadanía en México avizora un resultado previamente concebido en las altas esferas del poder público para lograr el control de un “nuevo Poder Judicial” bautizado con el agua bendita del voto popular.
La gran oportunidad de legitimar un proceso electoral inédito con miras a ser ejemplo mundial está en riesgo de naufragar en las procelosas aguas de la manipulación partidista, como en los mejores tiempos del “Partido aplanadora”, de la “democracia dirigida” o del “fraude patriótico”.
La sospecha, fundada o no, de que habrá “candidaturas oficialistas” cuya elección será garantizada por la movilización articulada de electores por parte de Morena, el aparato gubernamental y las organizaciones corporativas afines al régimen de la 4T, se nutre por el activismo político de las personas candidatas identificadas como las que “encabezan las preferencias electorales” y cuyas acciones anticipadas de campaña han roto las reglas de la contienda amparadas en un cierto halo de impunidad.
Las inconsistencias del INE para establecer con rigor jurídico y metodológico las características de las actividades de campaña que pueden realizar las personas candidatas en el contexto de las limitaciones a los topes de gastos personales y la prohibición de utilizar recursos públicos y privados en la realización de sus actividades de proselitismo, se puede convertir en un caldo de cultivo para la proliferación de ilegalidades, abusos y manipulaciones que den lugar a una guerra de Procedimientos Especiales Sancionadores.
Por otra parte, la promoción del voto a favor de “candidaturas oficialistas” reviste un elevado nivel de complejidad, pues no se trata de la simple movilización de electores para votar cruzando el logotipo de un partido en todas las boletas. A los genios que conciben esta idea se les olvida el complejo mecanismo de votación en el que un ciudadano podrá sufragar hasta por 10 candidaturas en una misma boleta; y pasan por alto que cada Poder postula hasta tres candidaturas por cada cargo a elegir.
En el caso, por ejemplo, de la elección de quienes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la definición de “candidaturas oficialistas” sólo puede favorecer a cinco candidatas a Ministras y a cuatro candidatos a Ministros, que por lógica serían de los postulados por el Poder Ejecutivo, dejando fuera del juego a 18 candidatas y candidatos del propio Poder Ejecutivo y a 54 de los Poderes Legislativo y Judicial. A menos de que cada Poder promueva su propia lista de “candidaturas oficiales” convirtiendo el proceso en una contienda entre Poderes o entre grupos o facciones dentro del régimen y de Morena, con graves consecuencias para el liderazgo político de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernabilidad del país.
En este contexto, los propósitos de manipulación electoral para llegar a un resultado preconcebido con “candidaturas oficialistas” se pueden enfrentar también a la reacción de las personas candidatas que no sean favorecidas por la “dedocracia” cuatroteísta, que tengan el valor y se atrevan a dar una efectiva contienda en favor de la integración de un Poder Judicial realmente independiente y producto del poder del voto popular.
Ahí radica el verdadero horizonte de oportunidad para hacer realidad el objetivo de contar con un Poder Judicial efectivamente legitimado por el sufragio libre e informado de la ciudadanía; en la acción honesta y comprometida de candidatas y candidatos que, sin esperar estar en la lista de “candidaturas oficialistas” salgan a buscar el apoyo de la sociedad y sean capaces de articular estrategias de movilización de electores informados a partir del gran potencial de comunicación y de acción de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
El inédito y complejo proceso de elección del Poder Judicial exige a las candidaturas realmente autónomas, el diseño de campañas a partir de un nuevo modelo de comunicación política donde el eje debe ser la capacidad de impartir justicia con honestidad e independencia; sumada a una nueva estrategia de movilización en donde, por encima de intereses o egos personales, se promueva la integración de la o las listas de “candidaturas de la sociedad” así como la organización de la “marcha a las urnas para un Poder Judicial independiente”.
POR JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES
COLABORADOR
EEZ
