Los cárteles estiraron la liga hasta reventarla. Después de medio millón de muertos, miles de desaparecidos, cientos de masacres y atrocidades, de poner de cabeza a un Estado y amenazar la seguridad de toda una región comercial, parece que tocaron un límite. Todo indica que Estados Unidos cumplirá su amenaza y designará a cinco organizaciones criminales mexicanas y una más que opera en México como terroristas internacionales.
Podemos pasar horas discutiendo si es adecuado llamarles terroristas o no; en esa académica diferenciación entre los fines y medios del terror. Lo cierto es que las palabras y herramientas han quedado cortas. Los “cárteles” no son criminales comunes ni mafias convencionales. Desde hace años hay grupos que se comportan como combatientes internos y autoridades paralelas al Estado. Tal vez deberían tener su propia denominación: ¿organizaciones criminales armadas?
En México nunca hemos querido reconocerlo así, acaso porque desnudaría nuestras carencias. Y en esa negación tampoco establecimos herramientas disuasivas para el Estado. Los combatientes deben tener líneas rojas y enfrentar medidas extraordinarias cuando las cruzan, pero ese régimen de excepción nunca se legisló en México. Nunca reconocimos a nuestros enemigos internos y, al final, la bomba nuclear en forma de lista negra llegó desde Estados Unidos.
¿Servirá de algo la designación? Algunas organizaciones parecen ya haber reaccionado y están generando pactos para bajar su perfil. Y es que, aunque legalmente esto no activa ninguna invasión armada de Estados Unidos, sí da el encuadre narrativo y político para acciones más drásticas. Los vuelos de reconocimiento cerca de nuestro territorio no son casualidad. La amenaza de tener operaciones encubierto de tropas estadounidenses en México es real y en el mejor de los casos será en coordinación con nuestras fuerzas.
La importancia está en el mensaje de priorización para todo el aparato de seguridad y justicia estadounidense: los cárteles son la principal amenaza. Se dice que el Departamento de Justicia está armando un “misil” burocrático para perseguir capos, subgrupos, estructuras financieras y políticos. Vendrán restricciones de visas, bloqueos de cuentas, decomisos de activos y sanciones.
La otra implicación inmediata –y menos advertida– es el impacto que tendrá en la comunidad de negocios. Este mecanismo castiga a cualquier persona u organización que preste apoyo a los grupos designados en la lista negra. En México, miles de personas y empresas pueden caer en el supuesto. Desde los factureros que rondan a estas organizaciones, hasta compañías perfectamente legales, pero que pagan extorsiones. Los riesgos son para todas las empresas, mexicanas y extranjeras: bancos que operan remesas, mineras o aguacateros que pagan derecho de piso, o aquellas con proveedores vinculados a los cárteles.
El mandato es amplio y discrecional. Por eso, las empresas tendrán que crear inmediatamente entornos de cumplimiento corporativo, invertir en programas de compliance, monitoreo y prevención para detectar áreas de exposición, analizar a proveedores y vigilar la actuación de sus empleados. Sobre todo, demostrar que, aunque operar en México siempre implicará un riesgo, tienen la buena fe de estar al tanto de sus riesgos para evitar caer en los supuestos sancionables y denunciar cuando crean que así sucede.
Estamos entrando a un nuevo juego en todos los sentidos. La cotidianidad de la convivencia con los cárteles a la que tantos se acostumbraron en México no podrá ser más. Es una lástima que este despertar venga por una decisión del exterior y no del país al que verdaderamente han aterrorizado estos grupos.
POR CARLOS MATIENZO
DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
MAAZ
