La inmunidad política fue concebida como un mecanismo para proteger a ciertos actores políticos y garantizar la independencia de sus funciones, pero con el paso del tiempo, la aplicación de esta figura ha generado tensiones entre el principio de igualdad ante la ley y la protección de la democracia representativa. La reelección de Donald Trump en Estados Unidos ofrece un caso de estudio relevante para analizar las implicaciones de esta figura jurídica en la democracia.
En julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó inmunidad parcial al republicano, misma que está limitada a las “acciones oficiales del presidente en el cargo”. Sin embargo, la sentencia no establece qué clasifica como un acto oficial y un extraoficial. Ante dicha falta de claridad, las personas juzgadoras pudieron desestimar dos casos en su contra: el intento de subvertir las elecciones de 2020 y el mal manejo de documentos clasificados.
La decisión de la Corte pone de manifiesto una paradoja: mientras la inmunidad busca proteger la democracia, también puede facilitar la impunidad. Este escenario plantea cuestionamientos importantes sobre las implicaciones de la inmunidad en las actitudes antidemocráticas y en el fortalecimiento de liderazgos anti-establishment.
Por una parte, recordemos que en 2020 Trump rechazó los resultados electorales e incitó actos violentos. Pero la democracia representativa depende, en gran medida, de la participación ciudadana activa y de la adhesión a las reglas del juego. La inmunidad que se le otorgó establece un precedente peligroso para la rendición de cuentas, especialmente por la posible ausencia de consecuencias ante conductas violentas y antidemocráticas.
Los juicios que siguieron no hicieron más que evidenciar desigualdades en la impartición de justicia: el presidente reelecto recibió consideraciones especiales al ser sentenciado sin pena por falsificación de registros comerciales para ocultar información comprometedora.
Por otra parte, es indispensable evaluar cómo el hartazgo político y la desconfianza hacia las élites han impulsado liderazgos anti-establishment que utilizan procesos legales como herramientas estratégicas. Al posicionarse como víctimas de un sistema “injusto”, mientras destacan cómo éste protege a las élites, consolidan su narrativa y refuerzan su influencia. Esto muestra cómo la inmunidad política, si no se regula adecuadamente, puede ser instrumentalizada para desafiar los principios democráticos: Trump ha afirmado en múltiples ocasiones que ha sido la persona más perseguida de su país.
Solo a través de instituciones sólidas y transparentes podremos fortalecer la confianza pública y asegurar que la justicia sea verdaderamente igualitaria. El reto para las democracias modernas, incluidas las de nuestra región, radica en aprender de estos casos y adaptarse a los desafíos que presentan, sin comprometer los valores fundamentales que las sostienen.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX
@PULIDO_AMALIA
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