En uno de sus más recientes libros, el periodista Andrés Openheimer, analiza las razones de los elevados índices de bienestar y felicidad de algunas naciones. Al referirse al caso de uno de los países que ha reportado tener uno de los niveles más elevados de auge, Dinamarca, el autor indagó sobre las razones de fondo que tiene el pueblo danés para sentirse satisfecho. Uno de sus hallazgos resultó ser muy interesante y aleccionador para nuestro país.
Una de las claves para la felicidad es la confianza social, es decir, un ánimo general de credibilidad compartido entre todos, empezando con la clase gobernante. Cuando preguntó sobre la razón de ser de ese nivel de confianza, la respuesta se atribuyó a la erradicación de la corrupción: sus interlocutores señalaron que cuando hay corrupción se rompe el contrato social entre el pueblo y sus gobernantes.
En este punto, Oppenheimer señala que la mejor manera de combatir la corrupción es creando agencias supervisoras independientes del gobierno que vigilen el comportamiento de los funcionarios públicos. “Sin confianza social que incluya a los gobernantes y a los expertos, no hay país que pueda funcionar”, concluían los expertos (Oppenheimer: 2023).
La referencia a las agencias supervisoras independientes en Dinamarca y otros países es pertinente en este momento en que se ha puesto sobre la mesa una propuesta del ejecutivo para eliminar órganos constitucionales autónomos. Como se recordará el pasado 5 de febrero, el titular del ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un grupo de 18 iniciativas de reforma constitucional.
Una de las enmiendas se refiere a la eliminación de dichos órganos bajo la supuesta razón de que implican un gasto superfluo para el gobierno, lo cual, como se demostrará es una falacia. La Iniciativa reforma diversos artículos a efecto de desaparecer como organismos constitucionales autónomos, para incorporarlos dentro de la Administración Pública Federal.
Las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica pasarían a la Secretaria de Economía, las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones se ubicarían en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las tareas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social serían asumidas por el INEGI.
Por su parte, las trascendentes atribuciones que hoy tiene encomendadas el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasarían a la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente se propone que la Secretaría de Energía realice las funciones tanto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como de la Comisión Reguladora de Energía. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación pasaría a la Secretaría de Educación Pública.
El planteamiento descrito ha suscitado diversos análisis y opiniones. Una de las más interesantes es la que hizo el economista Gerardo Esquivel publicada en el periódico Milenio. Al revisar las implicaciones económicas de dicha reforma, Esquivel opina que si la tasa de interés de la deuda de México aumentara medio punto porcentual debido a un incremento en el riesgo-país asociado a una posible reforma constitucional señalada los costos serían significativos.
El egresado de Harvard señala que los posibles “ahorros” (entrecomillado del autor referido) de eliminar estos organismos serían de más de 4 mil millones de pesos por año, aunque realmente serían menores debido a la necesidad de mantener algunas funciones esenciales que, como ya se indicó, tendrían que ser asumidas por la Administración Pública Federal.
Sin embargo, concluye Esquivel, el costo del aumento en el riesgo-país por dicha reforma sería el previsto de medio punto porcentual de la tasa de interés multiplicado por la deuda pública. Lo anterior tendría un resultado en un aumento del costo del servicio de la deuda de más de 83 mil millones de pesos al año, ¡casi 20 veces el presupuesto de los órganos autónomos! Lo anterior nos lleva a cuestionarnos junto con Esquivel si dicha reforma es razonable, o si saldrá como él señala, “más caro el caldo que las albóndigas”.
No hay que olvidar que las señales de preocupación en ese sentido se han presentado desde que se conoció el resultado electoral del 2 de junio y sus implicaciones para la confianza de los inversores. Basta recordar que en la semana posterior a los comicios salieron del país 2,505.9 millones de dólares por la preocupación por el riesgo que se advierte en materia de transparencia, certidumbre legal y estado de derecho.
México atraviesa un momento muy delicado en el que puede darse un engolosinamiento por parte de las mayorías que podrían llevarlas a actuar de manera poco reflexiva. Consideramos que el destino nacional urge a los gobernantes y representantes serenidad y objetividad en la toma de decisiones para que estas puedan ser guiadas por razones y no por motivos ideológicos.
Ese ha sido, es y seguirá siendo la forma de trabajar de las y los legisladores del PAN, a efecto de contribuir con nuestra cuota de responsabilidad y aplomo en las discusiones en que muchas veces prevalecen visiones estrechas o francamente revanchistas.
DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN Y PDTE. DE LA JUCOPO
@JORGEROHE
MAAZ
