El reciente proceso electoral en México ha sido motivo de gran controversia y crítica. La asignación de diputaciones federales, un tema crucial para la representación democrática del país se ha visto empañada por la aplicación de una fórmula inequitativa y ficciosa. Ante esta realidad, es nuestro deber exigir una asignación final de diputaciones que refleje verdaderamente la pluralidad expresada en las urnas el pasado 2 de junio a través de una aplicación de la ley que corrija en lo conducente las anomalías y distorsiones que han marcado este proceso electoral desde su inicio.
Injerencia y Sobre-representación: Un Asalto a la Democracia
Los resultados del 2 de junio han dejado en claro que los mexicanos votaron por una diversidad de opciones políticas. Sin embargo, la pretensión de Morena y aliados de asegurar una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados para la coalición oficialista, pese a obtener solo un 54% de los votos, es alarmante. Esto no solo contradice los deseos del electorado sino que también viola el principio constitucional que limita la sobrerrepresentación a un máximo del 8%.
La decisión de otorgar una probable mayoría calificada para Morena, es un claro ejemplo de cómo se pretenden cruzar los límites constitucionales, influenciando indebidamente los resultados electorales y, por ende, la composición futura del legislativo. Esta asignación no solo es inconstitucional, sino que mina la integridad del proceso electoral y, por extensión, la democracia misma.
El despropósito llega al extremo de sugerir que la oposición, que obtuvo más del 41 por ciento de la votación tenga solo el 27 por ciento de las curules efectivas.
Confiamos en que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actúen con el máximo apego a la justicia, privilegiando el fondo sobre la forma, como señala la propia Carta Magna, para asegurar que la asignación de diputaciones respete los principios de equidad y representación proporcional. Cualquier desviación de estos principios debe ser rectificada para garantizar que la representación en la Cámara de Diputados sea un verdadero reflejo de la voluntad popular.
Confiamos en que estos órganos electorales asegurarán que su única guía sea la constitución y la ley. La transparencia en este proceso no es solo deseable, sino absolutamente necesaria para recuperar y mantener la confianza pública en nuestras instituciones democráticas, que hoy claramente están en peligro de supervivencia.
La democracia mexicana se encuentra en una encrucijada crítica. La manera en que se resuelva esta controversia electoral dictará no solo la composición del próximo Congreso, sino también la salud y el futuro del sistema democrático en el país. Como sociedad, no podemos permitir que la manipulación y la injerencia socaven nuestra democracia. Es hora de defender un sistema electoral que respete fielmente la voz de todos los mexicanos, asegurando que cada voto tenga el mismo peso y que la representación en el Congreso refleje genuinamente esa diversidad de opiniones y preferencias expresadas en las urnas.
Este es un tema en que debe aplicarse el principio pro persona, ya que se encuentra en juego la puesta en práctica del derecho humano a la conformación plural y efectiva del gobierno y los órganos del poder público.
POR DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DE GPPAN Y PDTE. DE JUCOPO
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