Nuevamente, la Corte Penal Internacional (CPI) acapara el interés de la prensa internacional, esta vez por la solicitud del fiscal Karim Khan para que el tribunal emita órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de defensa, Yoav Galant, así como contra los líderes de Hamás responsables del ataque terrorista del 7 de octubre pasado.
En marzo de 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, por considerarlo presunto responsable de crímenes de guerra relacionados con el traslado ilegal de niños desde las zonas ocupadas en Ucrania. En principio, cualquier país que sea parte del Estatuto de Roma tiene la obligación de detener al mandatario ruso en cuanto ingrese a su territorio, lo cual evidentemente no ha sucedido ni es realista que vaya a ocurrir.
La jurisdicción restringida es sólo una de las limitaciones que enfrenta la CPI. Estados como China, Estados Unidos, India, Israel, Rusia o Turquía, entre otros, no reconocen al órgano jurisdiccional. De hecho, EU ha sido uno de sus críticos más vocales, e incluso ha aprobado leyes para proteger a sus funcionarios con cierta inmunidad ante el derecho penal internacional.
Hasta ahora, la CPI se ha ocupado principalmente de casos en el continente africano y en los Balcanes. En 2019, por ejemplo, sentenció al ex militar Bosco Ntaganda a 30 años de prisión tras ser declarado culpable de 18 cargos vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo entre 2002 y 2003. Es la máxima pena impuesta por la Corte en su historia.
Los casos recientes —en el contexto de la invasión rusa a Ucrania y la guerra en Gaza— muestran que el tribunal tiene una vocación auténticamente global; pero, al mismo tiempo, visibilizan sus insuficiencias y debilidades. En un extremo la ineficacia, en el otro la politización.
Sus integrantes enfrentan presiones políticas que pueden afectar la imparcialidad de sus decisiones. Por un lado, las que ejercen directa o indirectamente los gobiernos vinculados con los procesos penales —hace unos días el fiscal afirmó haber recibido intentos de intimidación—. Por el otro, el peso de la opinión pública internacional, que puede poner a los juzgadores en una posición difícil.
Si ceden a dichas presiones, se pervierte el sentido y la naturaleza de la Corte; si no, se colocan en una posición de vulnerabilidad. Esta situación se agrava al considerar que la CPI no cuenta con contrapesos formales —como sí los tienen los tribunales nacionales—, ni está sujeta a mecanismos de rendición de cuentas bien definidos.
La existencia de la CPI es valiosa para la comunidad internacional; sin embargo, su falta de efectividad debilita el sustento de su legitimidad. Y el riesgo de que su actuación se sujete a criterios políticos pone en riesgo su viabilidad como un órgano jurisdiccional supranacional.
Es pertinente repensar sus alcances y limitaciones para fortalecer sus capacidades, blindarla de la política y garantizar su efectividad en el largo plazo. Especialmente, en un contexto en el que cada vez más liderazgos antiliberales cuestionan el multilateralismo, el derecho internacional y sus instituciones.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
@RUIZMASSIEU
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