Se ha establecido el primer terreno de juego para las elecciones del 2 de junio. Se trata de la disyuntiva entre dos alternativas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, quienes gráficamente están empezando a ser representadas, la primera, por la megafarmacia de la 4T; mientras que Gálvez ha puesto en escena una propuesta muy seductora, una megacárcel para encerrar delincuentes peligrosos.
La megafarmacia resume lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: un intento por eficientizar el servicio público; arrancar la corrupción; mejorar el desempeño gubernamental; e insertar la idea de que el dinero que gestiona el gobierno es del pueblo y para el pueblo.
El problema es que, como ha señalado el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, este es el sexto intento del gobierno por garantizar el abasto de medicinas en el sistema de salud, tras los fracasos de las compras de Hacienda, de la intervención de la UNOPS, de las licitaciones del Insabi, etcétera. Y hasta el momento nadie percibe a la megafamarcia como un éxito.
A su vez, la megacárcel de Xóchitl simboliza la más relevante aspiración ciudadana actual: vivir en un país en paz. Una megacárcel de última generación es vista como la única solución ante la gravedad del problema de violencia.
La gente está apetitosa por ver videos con delincuentes en aislamiento; sin acceso a celulares; comiendo avena insípida y viviendo en edificios sin ventanas.
Pero también tiene sus problemas, sobre todo, ante la fracción del electorado que asocia el origen de la ola de inseguridad a la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón. Temen que se replique una estrategia que profundizó la violencia en lugar de solucionarla.
¿Es la megacárcel de Xóchitl el equivalente a la motosierra de Javier Milei en Argentina? Todavía no, pero pudiera ser.
La disyuntiva de megafarmacia contra megacárcel pone frente a frente las alternativas en la elección: más presencia gubernamental en tareas tradicionalmente reservadas a la Iniciativa Privada, como la distribución de medicamentos (megafarmacia); versus un Estado focalizado en el uso de la fuerza pública para garantizar la seguridad ciudadana (megacárcel).
IFT
Varios personajes del sector telecomunicaciones han levantado las cejas tras lo revelado aquí en el sentido de que dos funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pagaron de su bolsillo el viaje al Mobile World Congress de Barcelona, sobro todo, porque ha trascendido que el comisionado Arturo Robles y la funcionaria Elizabeth Sosa, estuvieron cerca de un mes en Dubái en diciembre pasado, viaje aparentemente sufragado con el presupuesto de la institución. Se sorprenden también por la coincidencia de nombres, porque una tocaya de Sosa solía viajar años atrás por el mundo con otro excomisionado. En fin.
POR: CARLOS MOTA
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