“Esa decisión es consecuente con la notoria pérdida de diálogo interinstitucional que impera en la actualidad y, en términos más generales, de la crisis constitucional que ha generado la reforma judicial analizada” González Alcántara
En el sexenio anterior pudimos observar que el entonces presidente, López Obrador, congregó la agenda pública, monopolizó la palabra y acciones del Ejecutivo, controló al Legislativo, solo teniendo como freno al Poder Judicial, cuestión que no lo dejó seguir con “la fiesta en paz” hacia el término de su administración, pero con el llamado “Plan C” dejó la encomienda de terminar con lo que él comenzó.
Recordemos que cada una de sus reformas más significativas como la de Industrias Energéticas, las controversias en la construcción del Tren Maya o la misma reforma al Poder Judicial, encontraron una lluvia de amparos y de inconstitucionalidades.
Ante esta situación, ya en la actual administración y presente legislatura bicameral, decidieron que -para ya no lidiar con esta situación- es preferible cambiar la Carta Magna de nuestro país, pero no de manera superficial, sino en lo más profundo de ella y, con esto, seguir modificando lo que crean conveniente.
En pasados días la discusión toral en la agenda pública mexicana ha sido la reforma al principio de supremacía constitucional, misma que data de finales del siglo XVIII, con la creación del Estado Constitucional, cuando propiamente surge el concepto de Constitución como norma suprema, quien crea los Poderes del Estado e impone una serie de límites y vínculos a estos para garantizar la libertad de los ciudadanos y la subsistencia de la comunidad.
Sin embargo, con esta reforma no está persiguiendo acatar lo dicho por la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que “toda sociedad donde no se garantizaran los derechos fundamentales y donde no existiera división de poderes no tendría Constitución”, incluso quizá se camine en sentido contrario al modificar los artículos 105 y 107 para evitar cualquier impugnabilidad por jueces a cualquier reforma constitucional, es decir para eliminar cualquier contrapeso al actual y subsecuentes titulares del Ejecutivo y, con esto, dejar en la indefensión a cualquier ciudadano ante la fuerza del Estado.
Las reacciones de la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado han ido en el sentido de señalar que este “atropello legislativo” le puede costar muy caro a México.
Por su parte, el Poder Judicial también ha dado su lucha con cientos de trabajadores, jueces y juezas en paro y manifestándose en contra de las reformas que atañen a esta autonomía, así como los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, a manera de protesta, presentaron una serie de renuncias válidas a partir de agosto de 2025 y declinar a participar en la votación de jueces y magistrados.
Así, México pasa por un momento que puede cambiar la vida de todas las y los mexicanos al socavar -aún más- su sistema de procuración e impartición de justicia. Los señalamientos de la comunidad internacional son que al realizar estas reformas, nuestro país se encuentra más lejos de la protección de los derechos humanos, de la división de poderes y de fortalecer el Estado de derecho.
Solo recordar a cualquier fuerza política del presente y del futuro que hacer política, tomar decisiones y legislar debe ser una visión alta de miras y en beneficio de toda la sociedad y no en sentido contrario.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
EEZ
