Vergonzosamente la reforma judicial parece dar sus primeros frutos en perjuicio de la República, del Estado de Derecho, de la Democracia y de la división de poderes. Hace unos días se llevó a cabo la insaculación para determinar los juzgadores que serán electos en 2025 y aquellos cuyo proceso se realizará en 2027 así como la aprobación de las reformas a leyes secundarias que regirán el nuevo diseño del Poder Judicial.
En un ejercicio indigno, más cercano a un espectáculo que a un proceso de selección serio, el azar dejará sin trabajo a cerca de 900 juzgadores, la mayoría de ellos, poseedores de una trayectoria de muchas décadas al servicio de la justicia federal.
A este show digno de un casino en Las Vegas deberá sumarse las declaraciones de la presidenta de la República y del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, aceptando la existencia de errores motivados por “la prisa” con la que se realizó la reforma, yerros por cierto que la oposición advirtió reiteradamente durante la discusión en ambas cámaras.
Lamentablemente, el paquete de legislación impulsado por Morena plantea que el proceso electoral se realice a nivel nacional, por circuito judicial, por circunscripción plurinominal, por marco geográfico y a nivel local, lo que resultará un reto complejo para el Registro Federal de Electores ya que la demarcación judicial es diversa al seccionamiento ya establecido por el INE.
Además, el nuevo andamiaje legal es omiso respecto a diversos integrantes del Poder Judicial de la Federación, como los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, además de los tribunales colegiados y juzgados auxiliares, ya que sólo se prevé, a magistrados y jueces por circuito.
De igual manera, dejan en el tintero la elección de los “jueces sin rostro”, figura que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado contraria a los principios fundamentales.
Para la organización del proceso, el INE enfrentará retos que no se resuelven en la ley, al margen de las dificultades operativas y presupuestales, resultará titánico dar viabilidad a la cantidad de boletas que se deberán habilitar por cada casilla, dependiendo de la entidad federativa y el número de cargos locales judiciales a elegir, así como la manera en que deberá de determinarse el número de urnas que habrán de suministrarse por tipo de elección.
Se trata de una reforma poco meditada y con un diseño riesgoso que atenta contra los avances democráticos de las últimas décadas, no solo estamos ante el desmantelamiento del Poder Judicial Federal sino frente a una degradación de la conformación del Estado mexicano y de la República.
Por: Marco Antonio Mendoza Bustamante
@MarcoMendoza_B
