A inicios de este mes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la separación del cargo de su jefa de oficina, Laura Sarabia y del embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti; esto tras un escándalo en el que estos dos ahora ex funcionarios se han visto involucrados. Resulta que una trabajadora doméstica, Marelbys Meza, hizo público que Sarabia y Benedetti se habría coludido para acusarla de haber sustraído dinero de la casa de la primera y que el segundo la habría llevado
a Venezuela para que no hablara del caso.
La empleada doméstica, que apareció en un spot de campaña de Petro, denunció también que su teléfono móvil había sido intervenido ilegalmente y que se le había aplicado una prueba poligráfica para saber si ella habría sustraído el dinero. Tanto la intervención telefónica como la prueba de polígrafo se justificaron con una polémica acusación contra Marelbys Meza de pertenecer a un grupo delictivo. El viernes pasado se encontró sin vida el cuerpo del teniente coronel, Oscar Dávila, quien ocupaba el cargo de encargado de la oficina que habría realizado la prueba poligráfica.
Por si estas circunstancias no hubiesen sido suficientes, previo a la salida de los ex funcionarios, se filtraron a la prensa unos audios de supuestas llamadas de Sarabia y Benedetti en las que el ex embajador reclama a Sarabia por no haber sido incluido en
el gabinete del presidente Petro, de haber sido un vehículo para conseguir financiamiento ilegal, entre otras cosas. La revelación de los audios generó reacciones de la oposición y, digamos, del oficialismo.
La oposición ha denunciado a Petro por financiamiento ilegal de campaña y una parte de los partidos que apoyan al presidente, representados en el Congreso, anunciaron que detendrán la aprobación del paquete de reformas que envió el ejecutivo en tanto
se aclaran las circunstancias señaladas por Benedetti en los audios. Otra parte del oficialismo se manifestó con sendas marchas la semana pasada en favor de las reformas de Petro, es por ello que, sobre todo, sindicatos salieron a las calles.
El presidente de Colombia ha impulsado reformas que ha denominado como emblemáticas de su gobierno, como la de salud, pensiones y la laboral.
Gustavo Petro ha referido que los ataques contra su administración representan un “golpe blando, un golpe de Estado”, acusa que se han saboteado los votos para alcanzar sus reformas y que el poder judicial y la Procuraduría no lo acompañan; el presidente colombiano ha dicho que se pretende algo similar a lo que ocurrió en Perú con la deposición de Pedro Castillo, pero advirtió que eso no ocurrirá en Colombia.
Así las circunstancias que privan en aquel país, en el que recientemente llegó por primera vez un presidente de izquierda; en este contexto Petro enfrentará elecciones en octubre próximo, en las que se disputarán gobernadores, diputados y alcaldes.
POR ABELARDO RODRÍGUEZ DESALES
SOCIÓLOGO
LSN
