La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más comunes que afectan a los ciudadanos, empresas y comunidades mexicanas en los últimos años. Este delito ha tenido un impacto sustancial en la economía, el tejido social y la seguridad de la población; puede llevar al cierre de empresas, la pérdida de empleos y una disminución del crecimiento económico. Desde la perspectiva legal, en México es esencial abordar este problema mediante la promulgación de leyes que protejan a la población y reduzcan su incidencia, especialmente por el modo en que afecta a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son más susceptibles debido a su falta de recursos para pagar las tarifas exigidas o defenderse de los grupos criminales.
Algunos pueden argumentar que la acción legislativa contra la extorsión es innecesaria, dado que ya está considerada un delito federal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los estados mexicanos han incluido específicamente este delito en sus códigos penales. Esta falta de uniformidad dificulta a las autoridades la investigación y persecución efectiva de los casos de extorsión a nivel estatal.
La adopción de medidas legislativas es fundamental para proteger a la población y reducir la frecuencia de este delito. Además de que proporcionarían a las autoridades un marco jurídico, asegurando que las víctimas reciban el apoyo y la protección necesarios. A nivel nacional proporcionaría una respuesta más coordinada e integral frente a este delito, lo que ayudaría a mejorar las condiciones para controlar y erradicar la extorsión de manera más eficiente. También brindaría una base legal sólida que permitiría a las autoridades tomar acciones más contundentes y efectivas contra los perpetradores, enviando un mensaje claro a los grupos criminales de que la extorsión no será tolerada en México.
Es crucial que el gobierno y los ciudadanos mexicanos se unan y apoyen los esfuerzos legislativos, ya que mediante la promulgación de leyes podemos defender a los más vulnerables y fortalecer el sistema de justicia penal de México.
Es hora de que el país haga frente a esta problemática con determinación y adopte las medidas necesarias para erradicar la extorsión, y así apostar por la protección de la población en general para lograr un México más seguro y próspero.
La legislación contra la extorsión es el primer paso en esta dirección, pero también se requiere de una colaboración constante entre el gobierno, las autoridades, la sociedad civil y el sector empresarial, para combatir eficazmente este delito y construir un futuro libre de extorsión para todos los mexicanos. En nuestras manos está el poder de transformar nuestra realidad y construir el futuro de nuestro país. El momento de actuar es ahora. Unámonos en esta causa justa y construyamos juntos el México que merecemos.
Datos Observatorio Nacional Ciudadano 2022
- En 2022, este delito ha crecido por arriba de 18 por ciento, respecto de 2021, que era el peor año en extorsión de la historia.
- De acuerdo con el estudio “La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas”, en 2021 se cometieron en el país más de 5 millones de extorsiones, pero sólo hubo 246 mil 138 denuncias.
Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE, 2021)
- Dos de cada cien casos de extorsión son denunciados.
- En los primeros meses de este año, se registraron 1,661 casos de extorsión a nivel nacional; lo cual, representa un incremento del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Datos Coparmex
- En 2021, la mitad de los socios fueron víctimas de algún delito. Los estados con mayor incidencia delictiva son Tabasco (72%) y Zacatecas (85%).
- En el periodo que va de enero a abril de 2018, al mismo cuatrimestre de 2022 se han incrementado 55.6%. Pasaron de 6 mil 700 extorsiones en 2018 a 8 mil 800 extorsiones en 2021.
- El Estado de México es el que registra, históricamente, más extorsiones (1,813 en enero-mayo de 2022). Le siguen Veracruz (339), Nuevo León (305), Jalisco (249), Zacatecas (216), Guanajuato (206) y Ciudad de México (155).
POR JORGE PEÑUÑURI PANTOJA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE COPARMEX NACIONAL
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