En este espacio ya hemos enfatizado la urgente necesidad de emprender acciones concretas para mitigar la violencia contra las mujeres en México; pues durante años, nuestro país ha experimentado un alarmante aumento en este ámbito, que lejos de mejorar, se ha intensificado.
En ese sentido, siendo esto de especial atención no solamente para las autoridades, sino para toda la población, quisiera destacar que el día de ayer, se concretó una de las muchas acciones en favor del bienestar de las mujeres, a saber, la entrada en vigor la tan esperada "Ley 3 de 3 contra la violencia", un paso significativo en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de las personas –concretamente de las madres.
A grandes rasgos, esta ley establece que aquellos que sean deudores de pensión alimentaria, acosadores y violentadores, no podrán aspirar a cargos de elección popular ni ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Sin embargo, a pesar de que se ha creado todo un marco normativo en la materia que tiene como punto de partida el Derecho Internacional y, ha sido plasmado en diversos tratados internacionales y ordenamientos federales; la promulgación de esta disposición marca un hito en la búsqueda de justicia y la erradicación de la impunidad en México.
En ese orden, cabe destacar que el alcance de esta ley es amplio, ya que se aplicará a todos los candidatos que busquen participar en los procesos electorales federales y locales que se llevarán a cabo en 2024, garantizando que aquellos que hayan sido condenados, sean excluidos de la contienda política. Siendo esto último crucial para la protección de las madres, pero fundamentalmente de los derechos de las y los niños.
Por otro lado, es preciso indicar que la “Ley 3 de 3” no sólo se limita únicamente a la exclusión de cargos políticos, sino que también incorpora un lenguaje inclusivo y requisitos más precisos para el titular de la FGR, lo cual resulta fundamental para garantizar la idoneidad de quienes ocupen cargos clave en la administración de justicia y la promoción de la equidad de género en el sistema judicial.
La sociedad mexicana ha demandado durante mucho tiempo medidas contundentes contra la violencia de género. Por ello, la entrada en vigor implica un paso esencial hacia una sociedad más igualitaria y segura. No obstante, no se debe olvidar que la implementación y el cumplimiento efectivo de esta ley serán fundamentales para su éxito y para garantizar que se haga justicia a las víctimas.
Indudablemente, esta ley sentará un importante precedente y servirá de ejemplo para otros países que enfrentan desafíos similares. Empero, no debemos perder de vista que esta legislación es sólo el comienzo de un largo camino hacia un México justo, sin excusas.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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