La desafortunada declaración del secretario de Gobernación tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró inconstitucional la primera parte del mal llamado “Plan B”, más que una ocurrencia, es una reveladora advertencia sobre lo que viene: la radicalización del lopezobradorismo de cara al proceso electoral de 2024.
Recordemos que la estrategia inicial del presidente - el “Plan A” - era una reforma constitucional que pretendía desintegrar al INE, misma que fue rechazada por las oposiciones gracias a la movilización ciudadana. El Plan B consistió en una serie de reformas legales aprobadas por las mayorías oficialistas para debilitar las capacidades del INE y el Tribunal Electoral. Gracias a la Suprema Corte, y ante las violaciones graves al proceso legislativo durante su aprobación, no podrá consolidarse.
Lo que han llamado Plan C es el reconocimiento explícito de la pretensión gubernamental de usar todos los recursos que tengan disposición para incidir en las elecciones y conquistar la mayoría calificada en el Congreso, necesaria para desmantelar el obstáculo que representan el Poder Judicial y los incómodos órganos autónomos a través de reformas constitucionales.
El oficialismo está preparando una elección de Estado. Y eso implica la profundización de su operación sistemática para consolidar a Morena como partido hegemónico, suprimir la división de poderes y darle continuidad al proyecto de un hiperpresidencialismo centralista y militarista.
Durante los últimos cinco años, el lopezobradorismo ha instrumentado una estrategia de desmantelamiento de contrapesos institucionales cimentada en la obediencia ciega de sus mayorías legislativas, que están dispuestas a todo. Ya sea aprobar automáticamente cualquier iniciativa o ignorar por completo sus responsabilidades para impedir el funcionamiento de las instituciones, como en el caso del INAI.
En el Ejecutivo, el presidente se ha encargado de secuestrar los recursos materiales y humanos del gobierno e instrumentalizarlos en beneficio de su proyecto. La debilitada estructura gubernamental ya no está al servicio de la ciudadanía, sino del partido en el poder. Y los programas sociales se han reducido a una simple herramienta para uso electoral, que explota las necesidades de la población más vulnerable.
Y todo ello, acompañado de una campaña permanente de desinformación para desprestigiar al árbitro electoral y sembrar desconfianza entre la ciudadanía. Diariamente y a través de todos los medios disponibles, preparan el terreno para desconocer las elecciones si el resultado es adverso para el oficialismo.
La amenaza de un Plan C revela el sentido de la transformación que López Obrador emprendió en 2018: la regeneración nacional no era más que la degeneración democrática. Entre el cinismo desmedido y el fracaso manifiesto, el lopezobradorismo confiesa su pretensión de acabar definitivamente con los contrapesos institucionales. Y con la democracia, si es necesario, con tal de mantenerse en el poder.
La advertencia está sobre la mesa. Ya nadie puede darse por sorprendido. El objetivo es construir supermayorías legislativas que permitan controlar la Corte, desaparecer los órganos autónomos y consolidar la regresión autoritaria. Ese es el escenario al que nos vamos a enfrentar. Debemos estar preparados.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
MAAZ
