El artículo 41 de la Constitución, numeral V, Apartado A, incisos a) a e), establece el procedimiento que debe seguirse en la Cámara de Diputados para elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En él se especifica que el comité técnico de evaluación que se integre deberá entregar al ‘órgano de dirección política’ una quinteta de candidatos para cada una de las vacantes que haya que cubrir.
En el proceso recién concluido se eligieron como sabemos a la consejera presidenta y a tres consejeros electorales. Los ataques constantes e infundados a que ha estado sujeto el INE por parte del Presidente y los evidentes nexos con el partido del gobierno de la mayoría de los integrantes del comité técnico de evaluación, plagaron este camino de sospechas, inconsistencias, y francas irregularidades.
El momento culminante del proceso de elección inicia con lo que marca el inciso c) de este Apartado A: ‘c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes'.
En el órgano de dirección, la Junta de Coordinación Política, concurren todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara. El mandato que este órgano recibe es el ‘impulsar la construcción de acuerdos’, en otras palabras, hacer política, contrastar los perfiles de los propuestos, discutir la conveniencia de proponer a uno u otro, escuchar las opiniones de todos, y definir una propuesta de conjunto para presentar al Pleno.
Ese punto de la ley no se cumplió, no se hizo el intento siquiera de buscar un consenso, no hubo forma de confrontar opiniones ni puntos de vista. Vaya, después de haber tenido una reunión, ya ni siquiera se convocó a una siguiente. Se omitió el esfuerzo de la política, que implica concesión, negociación, altura de miras. Independientemente de que se llegue o no a algún acuerdo, nunca
debemos renunciar a la posibilidad de alcanzarlo.
El Pleno de la Cámara fue mudo testigo de una tómbola, contemplada en el inciso d) del mismo ordenamiento. Ese inciso es la última instancia, a la que se debe recurrir cuando todos los demás medios han sido agotados, cuando se han ensayado todos los esfuerzos para conciliar posiciones.
Es como la salida de emergencia, el último recurso. Es legal acudir a este mecanismo en circunstancias extremas, pero lo que sucedió en esta ocasión estuvo envenenado desde el principio. Los diputados de la mayoría oficial no movieron un dedo, abdicaron de su responsabilidad, se limitaron a escuchar la consigna de palacio. La rifa tomó el lugar de la búsqueda de consenso, el azar sustituyó al acuerdo. Todo se dejó a la suerte. Fracasó la política, ¡por orden presidencial!
POR CECILIA ROMERO CASTILLO
COLABORADORA
LSN
