El número de migrantes que ha llegado a México en los últimos meses no tiene precedente en la historia. La emergencia sanitaria y la activación del Título 42, por parte de Estados Unidos, no sólo incrementaron exponencialmente, también diversificaron los flujos migratorios que recibimos.
Antes de 2020, 90% de los migrantes que atravesaban nuestro país provenían del Triángulo Norte de Centroamérica; actualmente, y cada vez más, llegan de Venezuela, Nicaragua y Cuba, a quienes se suman personas de países tan distantes como Bangladesh o Camerún. Asimismo, los datos de 2022 muestran una clara ruptura del perfil migratorio anterior, abrumadoramente adulto y masculino, por uno crecientemente femenino y menor de edad.
Con desconocimiento del fenómeno, el actual gobierno tomó decisiones contradictorias y erráticas; y cedió a los intereses de EE. UU. en la materia. Anunció “puertas abiertas”, nos convirtió de facto en un tercer país seguro, generó confusión sobre la dependencia responsable de la política migratoria (Gobernación en la Ley, Relaciones Exteriores por disposición de la voluntad presidencial), y no invirtió en las capacidades necesarias para atender flujos y estancias.
Eventos como la tragedia de Ciudad Juárez, o la caravana que salió de Chiapas rumbo a la Ciudad de México la semana pasada, son alertas y recordatorios de la necesidad de reformular nuestra política migratoria, con un enfoque en derechos humanos, corresponsabilidad, construcción de capacidades institucionales y sentido de la realidad actual. Una política capaz de prever en el mediano y largo plazos.
Yo propongo tres ejes para gestionar la migración. Primero, sustituir el criterio de seguridad nacional por uno de derechos humanos, que permita crear opciones al encarcelamiento y brinde protección especializada a poblaciones vulnerables; con especial énfasis en niñas, niños y menores no acompañados, que sólo en enero y febrero de este año sumaron 13,506. En este modelo, se debe incluir el acceso provisional a servicios de salud y la provisión de condiciones mínimas de bienestar a las personas migrantes mientras estén en nuestro territorio.
En segundo lugar, hacer de la política migratoria una política de Estado. Eso implicaría, de entrada, vincular los esfuerzos de migración y asilo (entre instituciones como el INM y la COMAR), pues ambos casos comparten características: son poblaciones en tránsito, provenientes mayoritariamente del sur, sin garantías jurídicas, etc. En esta coordinación se deben integrar gobiernos estatales y municipales, en un esquema institucionalizado de corresponsabilidad, con atribuciones claramente definidas.
Finalmente, la visión de futuro que tengo para la migración consiste en transitar de un modelo de contención, captura y deportación a uno de acogida, para que las personas migrantes que así lo decidan puedan establecerse en el país de manera ordenada y regular. Para México, esta no es una decisión, sino una necesidad.
México atraviesa una grave crisis migratoria y humanitaria que podría convertirse en fuente de tensiones con EE. UU. y un factor detonante de ingobernabilidad interna; o bien, puede ser una coyuntura histórica que nos permita impulsar nuestra economía y dinamizar nuestra sociedad. La migración no tiene que ser una carga; gestionada adecuadamente, puede convertirse en una oportunidad.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
@RUIZMASSIEU
LSN
