La división de poderes es fundamental para el equilibrio y la transparencia de cualquier sistema político que se jacte de ser democrático. Este principio básicamente establece la separación de funciones y facultades entre los tres Poderes de la Unión, esto con la finalidad de evitar la concentración excesiva de autoridad en una sola persona o institución, es decir, la teoría de los pesos y contrapesos.
A consecuencia de la reciente renuncia de Arturo Zaldívar a su cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que actualmente está abierto un proceso para la elección o nombramiento de un Ministro que lo sustituya. Precisamente a raíz este proceso de nombramiento considero se abre la oportunidad para analizar y reflexionar sobre si el actual procedimiento señalado en el artículo 96 de nuestra Carta Magna abona a una eficiente teoría de la división de poderes en nuestro país, o bien, si necesitamos reformar y encontrar una fórmula que fortalezca este principio, así como la autonomía, independencia y legitimidad del Poder Judicial Federal.
El citado artículo 96 Constitucional nos detalla el proceso de nombramiento de los Ministros, el cual básicamente inicia con la terna que manda el Presidente al Senado. En el deber ser el Senado tiene obligación y responsabilidad de realizar un análisis profundo y minusioso de cada candidato para asegurar que cuenten con la idoneidad y la capacidad técnica jurídica necesaria para el correcto ejercicio de su encargo, sin embargo, es difícil suponer que esto va a suceder en el actual proceso de nombramiento, pues lamentablemente hemos visto prácticamente una sumisión absoluta de los Senadores de Morena hacia las propuestas o iniciativas que manda el Presidente López Obrador, podemos decir que pasan sin quitarles una sola coma. Y es justamente ante este supuesto que surge la inquietud o interrogante en reflexionar sobre si el proceso señalado en nuestra Constitución Federal abona a una real y eficiente división de poderes, o bien, si en su caso tiene un efecto contrario, es decir, generar la percepción de una cargada y manifiesta influencia política en el proceso de nombramiento, generando que el Ministro nombrado se ha visto como producto de intereses políticos con la inevitable consecuencia de comprometer su legitimidad y la independencia judicial.
Ante este contexto legal y político considero que tenemos el reto de generar un escenario que propicie una mayor participación ciudadana en el proceso, por supuesto que sin llegar al absurdo de pretender que los Ministros sean electos por voto popular como lo ha propuesto el Presidente, pero si buscar un entorno y condiciones de mayor apertura y claridad en el nombramiento de los Ministros, estableciendo criterios objetivos para la evaluación a los candidatos, de tal forma que se fortalezca la legitimidad del proceso.
Es así que los desafíos en el proceso de nombramiento de los Ministros radican en la imperiosa necesidad de garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, promover la transparencia en la selección de los candidatos y encontrar mecanismos que fomenten consensos entre las distintas fuerzas políticas, esto con la única finalidad de asegurar mayor legitimidad de los integrantes del máximo Tribunal de nuestro país, fortaleciendo así la tan necesaria división de poderes.
POR LEONARDO ABARCA JIMÉNEZ
PRESIDENTE DEL CAPÍTULO BAJA CALIFORNIA, BMA
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