El actual gobierno se ha caracterizado por la marcada polarización política y la acumulación de poder, a través del debilitamiento de los órganos del Estado que en cualquier democracia constitucional moderna ejercen controles y contrapesos.
Es de todos conocido el discurso de nuestro presidente con el que radicaliza cualquier posición. La fórmula es sencilla, estás con él o en su contra. Eres aliado o adversario. Parte de la transformación o conservador neoliberal. Sobre esa base, ahora la tónica es no impulsar acuerdos. La nueva forma de hacer “política” es a través de la imposición. Nada más antidemocrático. Bobbio recordaba que una democracia es pluralista o no lo es.
El titular del Ejecutivo no soporta que otros órganos ejerzan su función constitucional de manera autónoma, ni mucho menos que vayan en contra de sus designios. En esa lógica, ha caminado por cooptar al legislativo, en el que su partido y los aliados tienen una mayoría suficiente para procesar cualquier procedimiento legislativo o parlamentario que no requiera una mayoría calificada, sin necesidad de llegar acuerdo alguno con el resto de las fuerzas políticas. Así se han procesado la gran mayoría de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, sin moverles una sola coma e ignorando por completo a las fuerzas políticas opositoras.
Al Poder Judicial y los denominados órganos constitucionales autónomos los controla vía los respectivos nombramientos, sin menoscabo del ataque frontal y desmedido que desata cuando deciden en algún sentido que no le sea favorable.
Así, durante este sexenio podemos observar nombramientos muy cuestionados en cuanto a procedimiento, o bien, a la idoneidad de los perfiles. Ejemplos hay muchos: Suprema Corte, INE, CRE y un largo etcétera. De igual manera, se ha vuelto normalidad no cumplir con la obligación de realizar los nombramientos que requieren de un procedimiento compuesto. Actualmente hay varios órganos con vacancias considerables. La lista es amplia: IFT, Consejo de la Judicatura, salas regionales del Tribunal Electoral, tribunales electorales locales y el INAI, entre muchos otros. Hoy día hay decenas de estos nombramientos pendientes.
La razón es lo que llama la atención. Desde mi punto de vista, son dos. La primera y más sencilla es que el partido mayoritario no está dispuesto a negociar nombramientos, se aceptan sus propuestas o no hay nombramiento. La segunda, los órganos del Estado incompletos por naturaleza son débiles y eso, precisamente, es lo que busca nuestro actual gobierno: instituciones débiles que no hagan sombra ni le estorben.
Si la lista de por sí es larga, ahora se suma la Sala Superior del Tribunal Electoral. En menos de un mes terminan periodo dos de sus siete magistraturas. El nombramiento es fundamental, porque ese órgano es el responsable de dirimir las controversias que surjan en el proceso electoral que recién inició y de calificar la elección presidencial. Su debida integración es de suma importancia para la estabilidad política del país en el contexto que impera.
La Suprema Corte ya cumplió con su obligación de iniciar el procedimiento y formar dos ternas para enviarlas al Senado. Me parece que lo hizo muy bien: con la anticipación debida, con un procedimiento claro ya probado, y con un resultado muy favorable. Tenemos dos ternas integradas por personas juristas destacadas, con amplia trayectoria judicial y electoral, que tienen cartas credenciales suficientes para llegar a ese alto cargo.
Ahora la tarea es para el Senado. El pronóstico es reservado, pues es altamente probable que no se designe; por una parte, dada la incapacidad de negociación política a la que hice referencia y, la más importante, porque al partido gobernante le convienen instituciones electorales débiles, sobre todo en un proceso electoral que nació viciado de ilegalidad y que estará caracterizado no solo por la permanente tentación de romper las reglas, sino por la polarización, la confrontación y la inseguridad. Hago votos por estar equivocado en mi presagio.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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