Afirmé que la única propuesta de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría avanzar en el Congreso era la reorganización de la Guardia Nacional para que la Secretaría de la Defensa Nacional asumiera plena administración y operación de esta institución. Mis razones eran que algunos partidos o legisladores de oposición podrían apoyar esta reforma porque tendrían visión de Estado.
La lucha electoral adelantada por el Estado de México, los escándalos de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y la división de Morena en el Senado convencieron al equipo de Palacio Nacional para presentar reformas legislativas y no una reforma constitucional.
En resumen, el gobierno de la República entendió que no tiene ningún voto de la oposición para obtener las dos terceras partes necesarias para lograr un cambio constitucional. El PAN ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad frente a esta reforma.
México no es el único país en el mundo que ha requerido que sus fuerzas armadas ayuden a la construcción de su policía nacional. Tampoco es el único país en el que esta fuerza está adscrita a un ministerio de Defensa como es el caso de Italia.
El ideal en un país democrático es que la policía nacional dependa de una institución civil. Lamentablemente los últimos cinco Presidentes no han logrado consolidar a una corporación bajo el mando civil. Con distintos nombres este proyecto ha fracasado como Policía Federal (Ernesto Zedillo), Policía Federal Preventiva (Vicente Fox), Policía Federal (Felipe Calderón) o Gendarmería Nacional (Enrique Peña).
Hace tres años, los partidos de oposición lograron que la Guardia Nacional estuviera adscrita a la renacida Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El gobierno de López Obrador aceptó esta negociación dirigida por Ricardo Monreal y se pudo crear esta institución híbrida civil-militar con rango constitucional.
La Guardia Nacional está lejos de ser la solución para los problemas de inseguridad porque los gobiernos estatales siguen teniendo la responsabilidad de la seguridad y justicia en sus estados. Los gobernadores son gestores de la tranquilidad en sus territorios, pero no les preocupa que bajen los índices delictivos. El problema es el fracaso del sistema federal mexicano. Los gobernadores no tienen incentivos para solucionar la violencia porque no tienen un sistema de premios por una buena gestión.
El problema de México es estructural y pasa por la construcción de su sistema federal que está en crisis. La Guardia Nacional sólo se puede alcanzar con disciplina y mando militar, pero necesitará de profesionales civiles que acepten esta disciplina.
•••
Agenda estratégica: Santiago Nieto aceptó dirigir pro-tempore la fiscalía de Hidalgo. Fuentes confirman que diversos gobernadores electos lo buscaron y se pelearon para proponerlo a sus congresos estatales. No es gratuita la ofensiva contra él porque puede comprometer intereses de un abogado calderonista vinculado con el gobierno panista saliente de Tamaulipas.
POR GERARDO RODRÍGUEZ
GERARDO_RSL@YAHOO.COM
@GERODRIGUEZSL
PAL
