Daniel Ortega es un dictador. De esos modernos que utilizan la democracia para acceder al poder y luego tuercen o violan la ley para ser reelectos. Cinco veces líder de Estado; cuatro periodos como presidente de forma seguida. Es uno de los líderes a nivel mundial con mayor número de años en el poder (sin contar a los monarcas, evidentemente) y, en el continente americano, quien más tiempo acumula actualmente. Además, su esposa, Rosario Murillo, actúa como vicepresidenta desde 2017.
El tirano lleva a cabo represiones sin límite en contra de la disidencia política y de todo aquel que cuestiona sus acciones. Tan solo este año, el régimen ha eliminado 1,406 organizaciones no gubernamentales, incluyendo a la Asociación Misioneras de la Caridad, la orden de la madre Teresa de Calcuta; ellas tuvieron que abandonar el país en julio pasado. ¿Su pecado? Dar de comer a indigentes, enfermos y ciudadanos perseguidos por el régimen. De ese tamaño la intransigencia y la paranoia de Ortega.
En 2021, año en que hubo elecciones, antes de la jornada comicial y por la vía de delitos fabricados, encarceló a los líderes de oposición que podían haberle hecho competencia. Este año, a puerta cerrada, se les dictó sentencia. A lo anterior se suma el cierre de las universidades más importantes del país, estaciones de radio y un constante acoso hacia la prensa.
Ahora enfila sus odios y fobias contra la Iglesia Católica, tal vez por ser el último bastión en esa nación donde se tolera el disenso. Desde el cierre de medios católicos, la detención del sacerdote Óscar Benavides, la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Sommertag (en marzo), la prohibición al sacerdote Erick Díaz de acudir a celebraciones religiosas, el arresto domiciliario del Obispo Álvarez y otros nueve sacerdotes y, apenas hace unas horas, el secuestro/detención de monseñor Rolando Álvarez y ocho personas más de la curia episcopal. Esos sí son crímenes de Estado: desapariciones forzadas perpetradas desde el poder.
Ortega acusa a diversos obispos de golpistas. Los roces del dictador con la jerarquía religiosa se deben (entre otras cosas) a que esta apoyó las protestas opositoras que pidieron su dimisión en el 2018; también porque, en el periodo 2018-2019, la iglesia intentó ser mediadora en un diálogo entre el gobierno y la oposición, y por haber estado abierta a propuestas que buscaban resolver la crisis, entre ellas adelantar los comicios del 2021 para recortar los períodos presidenciales.
Obviamente, el tener a “opositores” presos o exiliados ha sido razón de cuestionamientos internacionales. Pero la Cuarta Transformación calla y la SRE apoya a dicho gobierno, hay que decirlo.
La OEA condenó a Nicaragua por su presión a la Iglesia Católica, a las ONGs, a la prensa; y por los presos políticos. De los 34 miembros activos del organismo, 27 votaron a favor, uno en contra (San Vicente y las Granadinas), y hubo cuatro abstenciones: Bolivia, El Salvador, Honduras y México. Colombia y Nicaragua estuvieron ausentes en dicha reunión. Llamó la atención la ausencia de la nación colombiana. Que el Papa Francisco guarde silencio también es algo inadmisible para muchas personas. Máxime cuando los ministros de su iglesia son los que están sufriendo esta persecución en el centroamericano país.
Lo cierto es que no hay señales de un posible arreglo respecto a la situación que viven varios sectores de la población nicaragüense, y en parte ello se debe al cobijo de otros regímenes como el mexicano. Hoy, el guardar “respetuoso silencio”, no es sinónimo de “no intervención”; es permitir que un dictador mate inocentes.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
@MALOGUZMANVERO
MAAZ
