Es innegable que las distintas formas de violencia azotan a nuestro país. Las desapariciones involuntarias de personas, homicidios dolosos, feminicidios, trata, tortura, hallazgo cotidiano de fosas clandestinas, cuerpos sin identificar, extorsiones, masacres, secuestros, levantones y demás vejaciones son la cotidianeidad de millones de mexicanas y mexicanos. Películas, series y literatura al respecto que intentan mostrar esta catástrofe se quedan muy cortas ante la nuestra realidad.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pu´blica Urbana (ENSU) realizada por el Inegi, muestra en su aplicación del primer trimestre del año, “un 66 % de la poblacio´n de 18 an~os y ma´s considero´ que es inseguro vivir en su ciudad”, sin embargo este promedio nacional se incrementa en urbes como Guadalajara (87%), Fresnillo (97 %) o Cuernavaca (81 %) donde una gran mayoría de las y los ciudadanos se sienten inseguros. En los espacios particulares la numeralia se intensifica, “76 % de la poblacio´n siente inseguridad en los cajeros automa´ticos localizados en la vi´a pu´blica, 70 % en el transporte pu´blico, 61 % en el banco y 58 % en las calles que habitualmente usa”, según dicha fuente.
Para poner en relieve esta escalada de inseguridad, solo en marzo se cometieron, por lo menos, 2 mil 241 asesinatos, es decir, en este periodo ocurrieron 72 homicidios y feminicidios cada día. Un reflejo claro de que existe un incremento de la violencia después de una ligera disminución registrada al comienzo del año. Por un lado, cifras como estas no solo debe de ser tomado como un reflejo de lo que está sucediendo en el territorio nacional, también impacta a la salud mental de una sociedad que se siente indefensa. En el anverso de la moneda también refleja la incapacidad del Estado para hacerle frente, dejando un grueso velo de impunidad.
En este sentido, y como mencione en la entrega anterior en este espacio, el único responsable de dotar de seguridad a la sociedad es el Estado, sin embargo se pueden observar en cada una de las entidades federativas que sus cuerpos de seguridad son, en su mayoría, ineficientes ya sea por problemas causales de fondo, como la falta de asignación presupuestal adecuada, inexistente capacitación y profesionalización, entre otras cosas, por lo que se hace más proclive a la corrupción o, en su grado más profundo, a la infiltración del crimen organizado.
Un botón de muestra de lo anterior, es que a raíz del lamentable asesinato de Debanhi Escobar, se puso de manifiesto el paupérrimo presupuesto destinado a las unidades de búsqueda en Nuevo León, es tan solo de 50 millones de pesos anuales, aunque recientemente se anunció que se duplica. A nivel nacional la situación no es tan distinta, 747.4 millones de pesos etiquetados para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que sin embargo, este monto representa solo un 22 % de los 3,400 millones que requeriría la CNIH.
La -insegura- realidad de las y los mexicanos nos está rebasando. Una prioridad de los gobiernos en todos sus niveles y Poderes, tendría que ser salvaguardar a la sociedad. Un primer paso -urgente- es la revisión presupuestaria y posterior asignación de recursos suficientes para todo el sistema de justicia del país. Tenemos que ser exigentes ante un Estado que, al parecer tiene otras prioridades, y que nos está abandonando.
POR ADRIANA SARUR
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MAAZ