La forma como se otorgaron concesiones mineras de litio en el país abre ahora una posibilidad real de denuncias penales, responsabilidades administrativas y destape de corruptelas. En México hay 31 de esos permisos, 29 de ellos en manos de corporaciones extranjeras, aunque ninguno es para la extracción, sino para la exploración de yacimientos. El primer problema es “la manga ancha” para los beneficiados y la ligereza, intencional o no, de la autoridad.
Poniendo El dedo en la llaga, el senador Alejandro Armenta tiene interpuesta una denuncia en contra de la Cofece, por traición a la patria, al actuar presuntamente en contra de los intereses de la nación.
El señalamiento es que ese organismo autorizó que la empresa canadiense Bacanora Lithium vendiera a la china Ganfeng Lithium su concesión en Sonora, donde se encuentra un gran yacimiento de litio en “7 mil 800 millones de pesos, sin que los mexicanos obtengamos algún tipo de beneficio”. Por supuesto, la Cofece se apresuró a aclarar que no tiene atribuciones sobre ese tipo de concesiones y que su papel consistió en resolver únicamente sobre la solicitud de concentración entre esas empresas extranjeras.
Pero asumiendo la validez de esa respuesta, el panorama es aún peor. ¿Con base en qué criterios otorgó la Secretaría de Economía de los dos gobiernos anteriores las concesiones mineras de litio? ¿Cómo es que un concesionario puede vender su título sin siquiera dar aviso alguno? ¿Qué papel de gestoría desempeñó la administración de la entonces gobernadora de Sonora, considerando que se trata de inversiones que deben generar desarrollo y empleos?
Las 31 concesiones actuales implican 94 mil 740 hectáreas de yacimientos y hay otras 527 mil también susceptibles de explorarse y explotarse. En febrero de 2020, la tonelada de carbonato de litio cotizaba en 10 mil 800 dólares, y dos años después alcanza los 59 mil 200. Eso significa un incremento de 448 por ciento, y seguirá aumentando, dado que es un componente indispensable en las baterías de todos los aparatos móviles, vehículos eléctricos y un sinfín de otras aplicaciones.
Un capítulo central en la reforma eléctrica que se discute actualmente es el que tiene que ver con la exploración y explotación de litio. La propuesta oficial es reformar el artículo 27 de la Constitución para que esa tarea se reserve exclusivamente al Estado. El Presidente de México tiene un planteamiento específico: “Vamos a crear una empresa de México para el litio. Entonces no queremos ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia ni China ni Estados Unidos. México, nuestra soberanía”, dijo el 2 de febrero.
Tiene una lógica. La guerra entre Rusia y Ucrania, la demanda china de cada vez más litio, la posición de EU como potencia en el tema, son factores que no pueden dejarse a la deriva. Pero en caso de que la ruta sea una empresa estatal, habrá que ver de dónde saldrían los muchos recursos financieros que se necesitan para echar a andar la explotación mexicana de ese recurso tan estratégico. Ahí es donde entra la visión de las inversiones privadas nacionales con visión de país.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
ADRIANAD16@YAHOO.COM.MX
@ADRIDELGADORUIZ
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