En nuestro país las libertades de expresión y de prensa, así como la garantía de libertades mínimas, se convirtieron desde nuestra Independencia en pilares fundamentales de la naciente democracia. Tanto la libertad de expresión como las garantías constitucionales eran dos de las grandes banderas que enarbolan quienes aspiraban a hacer de nuestro país una sociedad democrática y libre. Esto se vio plasmado en las Constitución de 1824, 1857 y, finalmente, la Constitución Política vigente, aprobada en 1917.
Lo anterior puso en el centro a las personas que hacían de la libertad de expresión su principal actividad y su causa de vida, reconociendo su papel fundamental en la construcción de una sociedad informada y en la que cada ciudadano o ciudadana sea parte integral de la toma de decisiones. Sin embargo, ante el papel central que personas periodistas y defensoras de los derechos reconocidos juegan en nuestro país, se convirtieron también en objeto de una serie de amenazas y fuerzas fácticas en contra de lo que representan: la verdad y la libertad. Esta dolorosa realidad empezó a cobrar nuevas dimensiones con el fin de la hegemonía priísta, que se profundizaron con el inicio de la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico”.
El proceso de apertura democrática vivido en la década de 1990 dió pauta al surgimiento de un periodismo cada vez más libre y crítico, así como al inicio de una vibrante dinámica de organización de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos. De esta manera se lograron posicionar cada vez más temas en la agenda pública y se visibilizaron los crímenes y violaciones de derechos humanos del pasado. Sin embargo, esto también conllevó la multiplicación de factores y actores que amenazaban la labor de personas periodistas y activistas, pasando por actores gubernamentales locales y miembros de fuerzas de seguridad corruptos a elementos del crimen organizado. Lo anterior no hizo más que empeorar con el clima de violencia generalizada que fue originado por la fallida estrategia de seguridad contra el narcotráfico iniciada en 2006.
Como resultado de las denuncias de sociedad civil y periodistas, y tras la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, fue que se aprobó la primera Ley Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Dicha Ley respondió al contexto de amenazas sistemáticas y generalizadas en contra de la vida y la integridad física, económica y psicológica de personas dedicadas a la labor periodística y la defensoría de derechos. Tanto la Ley Federal de 2011, como la local de 2015, representan hitos en la protección de derechos de dos grupos vulnerados por su labor. No obstante, su aplicación también ha encontrado una serie de limitaciones que han visibilizado diversas necesidades que aún deben ser atendidas. Muestra de ello es que, desde el inicio de la “Guerra contra el Narco”, la violencia y amenazas en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos no han hecho más que aumentar.
De acuerdo con datos de organizaciones internacionales en la materia, la violencia desatada a partir de la fallida estrategia de seguridad de administraciones anteriores ha convertido a México en el sexto país con mayor índice de violencia en contra de periodistas y el cuarto en homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Este es un alarmante síntoma de la situación que la libertad de expresión y los derechos humanos atraviesan, incluso hoy, en nuestro país. Y, a la vez, esto conlleva la necesidad de transitar a un nuevo modelo de seguridad y justicia preventiva y a fortalecer el sistema de protección creado en años anteriores y extender su alcance.
Es en este sentido que presentaré ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para aprobar una nueva Ley para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en nuestra Ciudad, que reconozca las deficiencias de la Ley anterior y se fortalezca de las experiencias de los últimos años. Este es un paso fundamental en materia de derechos a partir de la Reforma Política de la capital, y una deuda que tenemos para con las personas periodistas y dedicadas a la defensa de derechos humanos, para empezar a poner fin al clima de violencia que impera hasta hoy. Por las y los periodistas y activistas, por la verdad, la libertad y la justicia.
POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
DIPUTADO LOCAL DE MORENA
@TEMISTOCLESVR
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