Tras la reciente publicación sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 por Transparencia Internacional, donde México obtuvo la calificación 31 sobre 100, es de suma relevancia que nos detengamos a reflexionar en torno a qué haremos para dotar de eficacia el combate a la corrupción como flagelo social.
Los procesos de cambio político y social que dieron lugar a la denominada Reforma Anticorrupción 2014-2015, la emisión de leyes generales en la materia y al establecimiento del referido sistema nacional fueron, en su momento, pensados y orientados para una idea de transversalidad y coordinación interinstitucional para dotar de eficacia al marco generado en todo ámbito y nivel de gobierno. En esa tesitura, esta visión integral, la reforma en cuestión se coordinó con las que se dieron en materia electoral y transparencia, en virtud de las cuales, de igual modo, se generaron el Sistema Electoral Nacional y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, respectivamente.
La transversalidad mencionada se refleja en lo normativo y e institucional de los diseños referidos. Los empalmes creados entre los Sistemas Nacionales buscaron introducir incentivos correctos para la debida rendición de cuentas a lo largo de todos los tramos que debe cubrir la responsabilidad pública en un Estado democrático constitucional: la formación y ejercicio de la representación política, y el ejercicio de la gestión pública.
Los controles democráticos, pesos y contrapesos introducidos en el orden jurídico mexicano por virtud de estos profundos cambios constitucionales y operados por órganos constitucionales autónomos en el caso de las materias electoral y de transparencia y por un órgano constitucional complejo, en el caso del combate a la corrupción, sin embargo, no han logrado articularse.
Es importante decir que, los aludidos controles, al menos en materia electoral y de transparencia, no solo funcionan, sino que, recientemente los hemos visto operar como nunca antes, tanto en forma de sanciones administrativas como de cuestionamientos a la legalidad y constitucionalidad de ciertos actos por parte de diversos institutos políticos. El problema, al parecer, radica en el último eslabón de esta coordinación interinstitucional necesaria para cerrar al paso a la corrupción y abonar efectivamente, con resultados tangibles, a la construcción de la confianza pública y la legitimidad institucional.
Y es que para la lucha anticorrupción, vertiente sancionatoria de la rendición de cuentas como acto de responsabilidad, debe prevalecer la convicción e impulso político decidido, acompañado de sentencias firmes que garanticen el Estado de derecho.
En este andamiaje, para seguirle la huella a la corrupción y a los dineros que involucra, debemos también, pensar en incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT en los diseños institucionales y cobrar mayores alcances en esta empresa.
La corrupción, es la negación de la sujeción del Estado a la constitución y de su debida orientación sustancial al servicio, empoderamiento y desarrollo de las personas; por ningún motivo la podemos permitir.
Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX
MAAZ
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