En este siglo, la protección de los datos personales y, consecuentemente, de la privacidad, la intimidad, la autodeterminación informativa y de la dignidad de las personas representa un difícil y fundamental reto para los Estados.
Los desarrollos tecnológicos nos han puesto como humanidad, en contextos de una conectividad casi ubicua que se ha visto reforzada en sus alcances y cobertura por la pandemia de COVID-19.
No solo nos comunicamos e interactuamos de manera instantánea por redes y plataformas digitales entre personas, sino que los dispositivos que usamos hacen lo mismo. Quizá hace veinticinco años habría sonado como extraído de una novela de ciencia ficción lo que hoy hacemos de modo cotidiano por medio del espacio digital.
Nadie podría negar los inmensos beneficios que ha tenido el avance de las tecnologías de la información para la educación, economía, la movilización social, la política y el activismo, entre otros. Nuestra capacidad de producir, compartir, replicar, almacenar y difundir información de todo tipo y, en cuestión de nanosegundos desde la palma de la mano, ha impulsado las relaciones humanas en muchos sentidos, el diálogo, la democratización de la cultura y una nueva forma de comprendernos y explicarnos.
Los desarrollos tecnológicos y las lógicas de mercado utilizan inteligencias artificiales y nuevos enfoques de análisis que desentrañan los metadatos que se encuentran entre líneas o detrás de los que, explícitamente y por voluntad informada, compartimos.
Las intrusiones a los datos personales, su indebido tratamiento, gestión y su transferencia sin que medie el consentimiento de las personas es ilegal. Sus consecuencias no son inocuas por provenir o darse en el espacio digital, en todo caso, han mostrado trascender a la realidad física y tener el potencial de polarizar sociedades, desinformar y exponer la seguridad, la vida y la dignidad de las personas.
El desafío de contrarrestar tales efectos precisa de un amplio diálogo nacional e internacional para la construcción de mecanismos eficaces de atribución de responsabilidad que no dependan de la ubicación geográfica de los grandes corporativos tecnológicos.
Si consideramos, que hay empresas del ramo tecnológico, como ocurre con algunas de las Big Techs, cuya valuación es superior al PIB de muchas naciones, entenderemos que no podemos dejar la intimidad y la privacidad de las personas al arbitrio de intereses que ya han probado estar alejados, desalineados o ser contrarios a una cultura sustancial de los derechos humanos.
Hacernos cargo del momento que vivimos y plantear los cambios relevantes desde hoy, nos permitirá mantener y defender la autonomía de la voluntad y la libertad de conciencia de todas y todos nosotros, pero más importante aún las de quienes vienen detrás de nosotros.
Por: Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX
Twitter: @JulioCBonillaG
