El pasado 1 de octubre, el titular de la Presidencia de la República presentó al Congreso una propuesta de reforma constitucional mediante la cual se busca transformar la forma en que en nuestro país se produce, transmite y comercializa energía eléctrica. Esta ha sido conocida como Reforma Eléctrica, y constituye uno de los temas más relevantes de la agenda legislativa federal, con repercusiones en las agendas legislativas de la ciudad y los estados.
Desde su presentación, ha sido puesta bajo un intenso escrutinio y se ha colocado en el centro del debate público. No obstante, se han presentado una serie de mitos y falacias que intentan desprestigiar el contenido y las intenciones de la que podría ser un parteaguas en la agenda energética nacional. Así, esta semana quiero aprovechar este espacio para discutir estas falacias y “arrojar luz” sobre un tema que va más allá de lo técnico y lo jurídico. Y es que el acceso a energía eléctrica es también un tema social y de derechos.
La Reforma Eléctrica plantea modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con un objetivo central: devolver a la Comisión Federal de Electricidad la facultad de la planeación social de la producción de energía con miras a un futuro de soberanía y sustentabilidad energéticas. ¿Cómo es posible lograrlo? Asegurándose de que quede plasmado en la Ley que 54 por ciento de la generación y transmisión de energía eléctrica se encuentren bajo la tutela de CFE. No sólo eso, asegurando también la posibilidad a CFE de regular el mercado. Este tema, el de la regulación, es de suma importancia, pero eso lo veremos más adelante. Ahora mismo es necesario hablar de los porcentajes estipulados en la reforma.
Mucho se ha dicho que lo que la Reforma Eléctrica pretende es nacionalizar la energía eléctrica o construir un monopolio bajo la tutela del Estado. El tema es que no es así. La verdad es que el porcentaje propuesto para la tutela de CFE apenas altera las condiciones reales de las inversiones privadas ya existentes, derivadas de la reforma aprobada en 2013. Con todo, esta pequeña modificación representa mucho en términos de la posibilidad de regular y planear la generación, transmisión y venta de energía, considerando las necesidades sociales y no sólo las condiciones de mercado. Esto tampoco representa un monopolio, pues los actores privados siguen teniendo presencia en el sector. Sólo cambia las reglas del juego para que los intereses públicos primen sobre los privados, lo que de ninguna forma podría constituir un monopolio. Y, menos aún resulta algo descabellado si pensamos que de lo que se trata es de asegurar que todas las personas en México tengan acceso a electricidad en condiciones de igualdad y de forma asequible y accesible.
El gran fin que se busca es la soberanía energética: una meta abiertamente perseguida por todas las naciones del mundo, de las grandes economías europeas a las potencias emergentes como China. Esto no necesariamente va en contra de la agenda de sustentabilidad. Al contrario: la soberanía es uno de los pilares de la sustentabilidad energética. Y esto se debe a que sólo contando con soberanía energética puede un país asegurarse de que el desarrollo que conlleva se dé de forma pareja y, a la par, se puedan dar las condiciones para la innovación hacia fuentes y vías de producción más ecológicamente amigables. Esto último nos lleva a la tercera falacia: que la Reforma Eléctrica no apuesta por la generación de energías limpias. El problema es que, para muchos, esta innovación sólo puede darse del sector privado, visión que primó en la reforma de 2013. Hoy, sin embargo, la apuesta es que sea CFE, la empresa pública y de todas y todos los mexicanos quien, no sólo busque, sino que lidere la búsqueda de más y mejores vías para la producción energética, complementando su sentido social con un sentido ambiental y de futuro.
Hace años mi activismo político inició con dos agendas: la de derechos humanos y la defensa de la soberanía energética. La Reforma Eléctrica es la intersección de ambas, y representa un cambio de caminos en el que, desde la ley, la energía deje de verse como una mercancía y pase a ser reconocida como lo que es: un derecho, del que se desprenden otros derechos. Por eso, la Reforma Eléctrica demanda de una profunda reflexión legislativa en la que debe primar la comprensión de que existen errores que enmendar para poder caminar fortalecidos hacia el futuro.
POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
DIPUTADO LOCAL DE MORENA
@TEMISTOCLESVR
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