COLUMNA INVITADA

11 de septiembre de 2001: terrorismo y democracia

El mismo día ocurrió otro evento, que en su momento fue visto como un triunfo de los valores democráticos. En Lima, Perú, una Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos aprobó por unanimidad la Carta Democrática Interamericana

OPINIÓN

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Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo / Columna Invitada / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: El Heraldo de México

El 11 de septiembre de 2001, hace veinte años, cambió al mundo, para mal. La barbarie desatada en Nueva York y Washington acabó con la vida de más de tres mil personas inocentes. El terrorismo pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda internacional. Súbitamente, el mundo se convirtió en un lugar más inseguro y peligroso, menos libre. Dos décadas después, cuando las tropas de Estados Unidos ya han abandonado su territorio, Afganistán continúa siendo un país ingobernable, del que tendrán que seguirse ocupando las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Las últimas consecuencias de ese día todavía están por ocurrir. 

Pero el mismo día ocurrió otro evento, que en su momento fue visto como un triunfo de los valores democráticos. En Lima, Perú, una Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos aprobó por unanimidad la Carta Democrática Interamericana. El texto puede consultarse en https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.html  

La instrucción de elaborar la Carta provino de los jefes de estado y de gobierno de las Américas que se habían reunido en Quebec, Canadá, en abril de ese año. En el documento final de esa reunión se afirmaba que “Las amenazas contra la democracia asumen, hoy en día, variadas formas…[por lo que instruimos a nuestros cancilleres] que elaboren una Carta Democrática Interamericana, que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”. La alusión a que las amenazas contra la democracia asumían en eso años formas variadas se debió a lo ocurrido en ese mismo año en Perú, donde el entonces presidente Fujimori había dado un golpe de estado, disolviendo la Asamblea Nacional, después de muchas maniobras en que había también erosionado las libertades ciudadanas y al poder judicial de su país. https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/CumbreAmericasQuebec_Declaracion.pdf  

La relación de la OEA con la defensa de la democracia no es nueva. Empezó con la fundación misma de la Organización en 1948. A diferencia de las Naciones Unidas, que no menciona la palabra “democracia” en su Carta constitutiva, en el Preámbulo de la Carta de la OEA se afirma que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. El texto de la Carta de la OEA puede consultarse en http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp  

Desafortunadamente, durante muchos años las realidades políticas dentro de muchos países, y el ambiente internacional de “guerra fría”, se impusieron a los buenos deseos. La OEA aceptó sin objeción a docenas de gobiernos que no eran resultado del ejercicio efectivo de la democracia representativa, sino de golpes de estado encabezados por líderes no muy interesadas en promover las libertades individuales, la justicia social, o los derechos humanos.  

La excepción fue el tratamiento del caso de Cuba, que en 1962 fue suspendida como miembro de la OEA, pero no por una auténtica preocupación por el estado de su democracia, sino por su auto definición como gobierno socialista, alineado a la Unión Soviética. Cuba fue suspendida sin base jurídica en la Carta de la OEA. Para imponer tal medida, recurrieron al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), dedicado a la seguridad del continente, que tampoco contemplaba esa sanción. Quedó para los anales de la historia el digno voto de abstención de México. 

El fin de las dictaduras en muchos países de la región, y la solución gradual a los conflictos en Centroamérica durante la década de los ochenta, cambió completamente el ambiente político latinoamericano. Los nuevos gobiernos, producto de elecciones democráticas, se convirtieron en los principales defensores de la democracia y los derechos humanos. Afanosamente, buscaron que la OEA adoptara nuevos instrumentos para la eventual defensa de sus democracias, en caso de amenazas internas que pusieran en peligro su continuidad. En 1985, 1991 y 1992 adoptaron resoluciones y reformas a la Carta de la Organización para promover la defensa de la democracia representativa en la región, “dentro del respeto al principio de no intervención”. Por primera vez, la OEA contempló medidas como la suspensión de un estado miembro en que se produjese un golpe de estado en contra de un presidente elegido democráticamente. Lo mismo ocurrió en organizaciones subregionales como el MERCOSUR, en 1996, y en la UNASUR en 2010, que también adoptaron cláusulas democráticas entre sus procedimientos. MERCOSUR se las aplicó en diversos momentos a Paraguay y a Venezuela, que continúa suspendida. En 1995 el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) aprobó un Tratado para fortalecer las instituciones democráticas de sus países miembros. 

La Carta Democrática Interamericana fue el producto final de esa ola democratizadora. Su adopción en el momento mismo en que se derrumbaban las Torres Gemelas en Nueva York, fue vista por los miembros de la OEA como un símbolo de unión en la defensa de los valores y las instituciones democráticas frente a la barbarie. La primera ocasión en que la Carta Democrática se aplicó fue poco después, en febrero de 2002, cuando el presidente Hugo Chávez de Venezuela fue víctima de un intento de golpe de estado. La OEA defendió, por unanimidad, al régimen constitucional y legítimo de Chávez. Desde entonces, la Carta Democrática se ha aplicado en diversas ocasiones cuando gobiernos legítimos han pedido apoyo a la OEA al sospechar la amenaza de un golpe de estado, como ocurrió en Ecuador con el presidente Correa en septiembre de 2010. Nuevamente, la OEA defendió su gobierno legítimo.  En otros casos, como en Honduras en 2009, la OEA suspendió al gobierno militar golpista que derrocó al presidente legítimo, Manuel Zelaya, y levantó dicha suspensión solamente cuando se restableció un gobierno democráticamente electo en ese país. 

La Carta Democrática no se limitó a describir los elementos constitutivos de la democracia representativa -elecciones periódicas y libres, separación de poderes, libertad de expresión, vigencia del estado de derecho, entre otros- sino que hizo un vínculo expreso entre la democracia, el respeto a los derechos humanos y la justicia social. Subrayó que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que la pobreza y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. También estableció el vínculo entre la democracia y la protección del medio ambiente, y enfatizó que la educación es clave para las instituciones democráticas. 

Veinte años después de su adopción, son indudables las contribuciones de la Carta Democrática Interamericana a la consolidación de la democracia y los derechos humanos en el Continente Americano, aunque su preservación depende, en última instancia, de los ciudadanos de cada país. Por eso ha sido citada en varias resoluciones y decisiones tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los casos en que no ha sido posible su aplicación, se debe a la falta de consenso entre los estados miembros de la OEA. 

Un área que debe mejorarse tiene que ver con el papel que el Secretario General de la Organización y las misiones de observación electoral juegan en los procesos democráticos de muchos países. Claramente, el actual Secretario se ha excedido en muchas ocasiones al asumir posiciones en nombre de la OEA sin llevar previamente el tema a la consideración del Consejo Permanente, o a las reuniones de cancilleres. Ese vacío debe llenarse con una nueva reforma.   

*MIGUEL RUÍZ CABAÑAS IZQUIERDO ES PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS ODS EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

@miguelrcabanas 

miguel.ruizcabanas@tec.mx