No es publicidad. Quién desee conocer las causas de la penalización del consumo de drogas en México, debe escuchar, en su plataforma preferida, Toxicomanía: el experimento mexicano, el cual describe la historia de la legalización de las drogas en nuestro país, basado en las memorias del médico Leopoldo Salazar Viniegra, quien fue director de La Castañeda y perseguido por las bandas de narcotraficantes de aquellos años.
Si desea saber más, en internet encontrará el Reglamento General de Toxicomanías, aprobado por el presidente Lázaro Cárdenas en 1940, en los últimos meses de su gobierno.
Es un reglamento breve. Once artículos bastan para dejar claro lo que es una política de Estado ante un problema de salud pública. Básicamente el reglamento establecía que el Estado proporcionaba, a través de dispensarios públicos y privados, previa prescripción médica, drogas gratis a los adictos, eliminando el mercado ilegal de estas sustancias.
¿Qué ocurrió? Estados Unidos impuso sus intereses. El acuerdo entre los gobiernos mexicano y estadounidense era que una vez concluida la guerra el reglamento volvería aplicarse, pero eso nunca sucedió.
Se extraña esa claridad y contundencia en las acciones gubernamentales. De aquellos años a la fecha, el problema del narcotráfico ha crecido de manera exponencial, cuyos efectos todos conocemos y padecemos. En el fondo, el problema sigue siendo el mismo.
Los intereses de Estados Unidos y la corrupción en la clase política. El gobierno de la Cuarta Transformación no ha sido contundente en este tema. El Congreso de la Unión ni siquiera ha podido dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2015 para legalizar el consumo lúdico de la marihuana, por no hablar de otras drogas.
En estos años, el movimiento cannábico, donde concurre un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil y la Suprema Corte lograron avances sustanciales. El primero, porque desde diversas trincheras ha insistido en denunciar los prejuicios, estigmatización y persecución de las autoridades en contra de los consumidores de marihuana. La segunda, porque definió como un derecho del individuo, en el ejercicio de su libre albedrío, el consumo de la mariguana.
El 28 de junio, la Suprema Corte, eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC, que establecía la Ley General de Salud. Es decir, que de ahora en adelante, los consumidores y grupos de consumidores de mariguana tendrán que registrarse ante la Cofepris, pero no será necesario ampararse.
La sociedad y la Suprema Corte hicieron su parte. Es necesario que el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Congreso de la Unión definan claramente su posición respecto a la legalización de la mariguana y otras drogas, como en su momento lo hizo el general Cárdenas.
Deberían retomar los aportes del reglamento de 1940 y tratar el asunto como lo que es: un problema de salud pública. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?
ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO Y ASESOR PARLAMENTARIO
@ONELORTIZ
MAAZ
